Martes 13 de agosto de 2013, p. 4
La iniciativa de reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto contempla cinco elementos fundamentales:
1. Permite al Estado firmar contratos de utilidad compartida con el sector privado cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida. Lo que busca es facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida que permita a la nación mantener el control absoluto sobre el petróleo. Con los contratos de utilidad compartida el país se mantiene como único dueño de las reservas petroleras, de la renta petrolera y de Pemex.
2. Propone un nuevo régimen fiscal para Pemex. En la iniciativa de reforma hacendaria se propondrá un nuevo esquema de contribuciones para Pemex que será plenamente competitivo conforme a estándares internacionales
. En esencia con este nuevo régimen fiscal el Estado mexicano actuará como dueño de la riqueza petrolera con visión de largo plazo y no como recaudador con necesidades de corto plazo
.
3. Impulsa la restructura de Pemex. Reorganización de sus subsidiarias en dos divisiones: Primera, exploración y producción, enfocada a extracción de petróleo y gas. Segunda, de transformación industrial, que incluye el procesamiento del petróleo y del gas en combustibles petrolíferos y petroquímicos. Pemex tendrá mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo eficaz y moderno.
4. Plantea mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas de Pemex. A partir de la reforma se adoptarán mejores prácticas de transparencia respecto a las obras, las adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares que eventualmente realice Pemex
. Asimismo, los mexicanos contarán con un adecuado acceso a la información sobre el estado y administración del patrimonio energético nacional
.
5. Indica reglas de contenido nacional en las compras y proyectos de infraestructura de la paraestatal. Su objetivo es utilizar el gran poder de compra del sector energético como palanca de desarrollo de la nueva política industrial mexicana.
En el sector de electricidad se impulsa también que el Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema nacional eléctrico, garantizando el acceso de todos los productores.