Rodolfo Stavenhagen, sociólogo y defensor de los derechos de los indígenas, aseveró ayer en el Senado que no basta con reformar las leyes ni reglamentar los principios constitucionales; es necesario asegurar el cumplimiento de la norma de derechos humanos, mediante políticas públicas eficaces, con la plena participación de los pueblos interesados, porque hoy, cotidianamente, se violan los derechos individuales y colectivos de los indígenas del país.

Al dictar la conferencia Los pueblos indígenas ante la neocolonización, el también académico e investigador denunció ante los legisladores “México ha sido invadido por numerosas empresas trasnacionales que se ubican en las regiones indígenas, que se han apoderado –con el apoyo de las autoridades federales y estatales, así como las municipales– de aguas, bosques, costas, espacios poblados, áreas desérticas y selváticas de los ­indígenas”.

El también ex relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas manifestó que el Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y comunidades indígenas y reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales de los pueblos originarios del país.

Stavenhagen insistió en que los indígenas en México han sido y siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos, padecen los abusos de las fuerzas del orden, la corrupción en la administración de justicia, la ineficiencia de los servicios básicos, como educación, salud y, además, sufren la actitud racista contra ellos.

En la conferencia, sostuvo que debido a la inserción en la globalización, el país ha sido invadido por trasnacionales que se han apoderado de extensas áreas indígenas. Gracias a la contrarreforma agraria de 1992 y a la creciente privatización de la propiedad ejidal y comunal, en numerosos territorios se han registrado conflictos de las comunidades indígenas en la defensa de sus territorios y recursos, lo que es una forma de neocolonización, indicó.

Por ejemplo, aseguró, en la pasada administración hubo una distribución generosa de miles de concesiones a poderosas empresas mineras que se han adueñado de una extensa parte del país, de sus recursos naturales, ante una ley que les otorga privilegios en contra de los indígenas; esta es una de las grandes contradicciones de las que se habla muy poco.