El diputado del PRD, Carol Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, advirtió que se corre el riesgo de caer en otro Fobaproa si se aprueba la reforma financiera tal como la propone el Ejecutivo federal.

A unas horas de la reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia, este miércoles, para elaborar el dictamen respectivo, el perredista advirtió que en los términos en que se propone la reforma al artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), se elimina la obligación de la banca de desarrollo (Nafinsa, Banobras, Bancomext, Sociedad Hipotecaria Federal y otros) de preservar y mantener su capital, términos que se cambian por procurar la sustentabilidad de la operación.

La diferencia en los términos, explicó, puede significar un grave impacto en las finanzas públicas y un aumento en la discrecionalidad para otorgar financiamientos, en demérito de las facultades del Congreso, pues grandes corporativos podrían acceder a los recursos sin la garantía de que los devuelvan.

Un cambio de esa naturaleza, acotó, provocaría la descapitalización de las instituciones y, de ser el caso, el Congreso tendría que autorizar pagos y subsidios para compensar los riesgos asumidos por la banca de desarrollo, como ocurrió en 1994 con el Fobaproa.

Si el Ejecutivo pretende avalar un programa de crédito flexibilizado, pues que se dirija a las zonas y proyectos más rezagados del país, con un monto que el Congreso autorice con plena conciencia de que se está asumiendo un riesgo, pero con reglas transparentes y con autorización previa.

Agregó que el Ejecutivo propone también eliminar del artículo 31 de la LIC el concepto financiamiento neto, por otros ambiguos y confusos.

La banca de desarrollo recibe dinero del BM y del BID para colocarlo; si asumimos que corre riesgos que la banca comercial no, sin el indicador de financiamiento neto es imposible saber cuánto se prestó y cuánto se ha recuperado.

Además, advirtió que el procedimiento para la designación de los consejeros independientes de la banca de desarrollo debe modificarse.

No debe ser el Ejecutivo federal quien los nombre, sino el Senado de la República, pues qué independencia puede tener un funcionario designado por el presidente de la República en turno.

Agregó que los criterios de asignación de los recursos deben incluir tres variables: económicas, sociales y ambientales a fin de detener el deterioro de los recursos naturales en el país.

Carol Antonio indicó que el Ejecutivo federal concibió y presentó por separado las 13 iniciativas de reforma financiera, y de esa manera deben evaluarse y aprobarse: una por una conforme a la normatividad del Congreso.

“Pretender resolver ‘en conjunto’ (como sugiere el PRI) las modificaciones propuestas es una aberración procesal que deja a la Cámara de Diputados sin oportunidad de analizar, enriquecer y dictaminar lo propuesto y sienta un grave precedente cuando están por recibirse grandes proyectos de reforma energética y hacendaria.”