Aunque en 20 años en el país ha habido avances en legislación ambiental y creación de instituciones, la ley no se cumple, afirma Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), es un asunto de voluntad política y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de procurar la justicia ambiental, tiene personal y presupuesto insuficientes.

Entrevistado con motivo de la celebración de dos décadas de trabajo del Cemda, indica que el gran pendiente es el desarrollo sustentable, lograr ese equilibrio y que el crecimiento sea con la naturaleza no a su costa. El Cemda dice todo adelante si se cumple la ley y se respeta la naturaleza.

Recuerda que en 1993, año de fundación del Cemda, las organizaciones no utilizaban la ley para proteger y conservar los recursos naturales. Hoy actúan en el marco de la ley para proteger sitios prioritarios, especies en peligro de extinción, y acciones de conservación; la ley ha mejorado pero no su cumplimiento, dice.

Entre los casos relevantes en que la ley ha prevalecido menciona el del bosque Ocotal, en el estado de México, el cual se ha intentado fraccionar; igual suerte tendría la tercera etapa de Cancún, pero las 3 mil 700 hectáreas de manglar fueron donadas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; en Baja California Sur pretendían construir el plan turístico Cabo Cortés, en Cabo Pulmo, pero después de cuatro años de litigio se evitó la construcción, y también estaba el plan de erigir una sede de la Universidad Autónoma Metropolitana en Contadero, en un área de conservación ecológica.