Ante la reciente liberación de personajes como la supuesta plagiaria Florence Cassez, el narcotraficante Rafael Caro Quintero e incluso los autores materiales de la masacre de Acteal, por faltas al debido proceso, es increíble que el profesor indígena Alberto Patishtán siga en la cárcel, lo que demuestra que la justicia en México es benevolente con los extranjeros o los ricos y particularmente dura con los pobres y los luchadores sociales.

Así lo afirmaron integrantes de organizaciones civiles, quienes llamaron a los miembros del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito a pronunciarse, en la sesión del 29 de agosto, por la liberación del activista tzotzil, cuyo proceso judicial ha estado "lleno de irregularidades" y basado en pruebas falsas.

En el contexto de un foro en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el académico Federico Anaya y los abogados Juan López y Leonel Rivero presentaron un resumen histórico de la matanza de El Charco –ocurrida el 10 de junio de 2008– y señalaron que las pruebas para incriminar a Patishtán por esos actos son totalmente endebles.

Entre ellas, dijeron, se encuentra el hecho de que uno de los sobrevivientes no pudo identificar a sus agresores, puesto que iban con el rostro cubierto. Además, las pruebas de rodizonato de sodio para detectar si había disparado un arma de fuego resultaron negativas en el profesor tzotzil, cuyos testigos de descargo fueron ignorados.

Daniel Zapico, director en México de Amnistía Internacional, indicó por su parte que el de Patishtán es un caso paradigmático que pone de relieve las deficiencias estructurales del sistema de procuración de justicia del país, en virtud de la cual los personajes influyentes o con dinero pueden evadir la cárcel, pero los luchadores sociales o los miembros de los grupos más vulnerables, como los indígenas, son castigados con dureza.

El también abogado Julio Hernández Barros subrayó la ironía de que personajes cuestionados como Florence Cassez y Rafael Caro Quintero hayan recuperado su libertad alegando faltas al debido proceso, o que Raúl Salinas de Gortari lograra la devolución de sus bienes con el mismo argumento, al tiempo que Patishtán sigue en el penal de Cerro Hueco cuando es evidente que el proceso en su contra fue totalmente irregular.

"Se tiene en prisión a un inocente, en un caso clarísimo de error judicial que incluso amerita una indemnización económica", recalcó.

Magdalena Gómez, integrante de la organización Paz con Democracia, puso énfasis en que el testimonio que sirve de base para acusar a Patishtán es el de una persona con claras intenciones de "hundirlo".

Por todo lo anterior, dijo Rivero, la audiencia del 29 de agosto "es el momento más importante para la liberación de Alberto Patishtán", ya que si el tribunal colegiado ratifica la pena de 60 años de cárcel contra el profesor, solamente quedará apelar a la justicia interamericana.

Para seguir llamando la atención sobre el tema, hoy a las 18 horas se proyectará el documental Vivir y morir por la verdad y la justicia en el cine Lido (Tamaulipas 202, colonia Condesa) y el 21 de agosto se realizará una marcha a las cuatro de la tarde del Parque Hundido a la sede del Consejo de la Judicatura Federal.