San Cristóbal de las Casas, Chis. 15 de agosto.

Una nueva sentencia judicial ha venido a dar la razón al preso tzeltal Miguel Demeza Jiménez, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, del ejido San Sebastián Bachajón (Chilón). Según su defensa, con ella se constata que ha permanecido injustamente preso por casi tres años, merced a elementos de prueba obtenidos de manera ilícita por la Fecdo (Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada) y avalados por la administración de justicia local, lo que pone seriamente en duda la imparcialidad e independencia con la que debe contar ésta para limitar el abuso de poder de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El 13 de agosto se publicó la sentencia emitida por David Gustavo León Hernández, juez primero de distrito en la cuarta región, con residencia en Xalapa, Veracruz, por la cual se concede el amparo y la protección de la justicia federal a Demeza Jiménez respecto del auto de formal prisión dictado en su contra por el juez tercero penal de El Amate, en Cintalapa de Figueroa, el 30 de septiembre de 2012, por el delito de robo con violencia que le imputa de forma ilícita la Fecdo, dependiente de la procuraduría estatal.

Ricardo Lagunes Gasca, abogado del indígena, apunta que el juez en Xalapa (adonde inexplicablemente fue remitido su expediente por los tribunales chiapanecos) determinó que el auto de formal prisión es violatorio del artículo 16 de la Constitución, ya que el juez de El Amate no señaló debidamente el fundamento y las razones lógico-jurídicas que acrediten la probable responsabilidad penal de Demeza Jiménez.

Esto, en relación a dos hechos que involucran como denunciante a un ferretero de Ocosingo, Emilio Adiel Argueta Ruiz, ocurridos en esa localidad en septiembre y octubre de 2010. Uno fue un asalto al establecimiento del denunciante, y otro el secuestro de un menor, en el cual el celular de Argueta Ruiz resultó implicado, junto con el de su amigo Rubén Aníbal Ramírez Monge, pero dicho par culpó a un indígena que ni conocían. De este modo, dos probables culpables resultan la parte acusadora contra un trabajador, en resistencia por cierto contra el despojo de tierras en su propio ejido, y sin ninguna relación con los delitos que lo tienen preso.

Según su abogado, el juez federal estableció ahora los lineamientos que el juez local deberá observar para el dictado de un nuevo auto de término constitucional. Es importante destacar, expresa Lagunes Gasca, que la sentencia de amparo que favorece a Demeza Jiménez es una muestra de las diversas violaciones a sus derechos humanos de acceso a la justicia, garantías judiciales y protección judicial, denegados por las autoridades de Chiapas. El caso ejemplifica la discriminación por su condición económica y pertenencia a un pueblo indígena, añade. Las pruebas en su contra son ilegales e insuficientes.