Chilpancingo, Gro., 23 de agosto.

Elementos del Ejército Mexicano incursionaron hoy en la comunidad Quiahuitepec, municipio de Ayutla de los Libres, detuvieron a 10 policías comunitarios y liberaron a siete mujeres que estaban en proceso de reducación, informó Arturo Campos Herrera, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Campos Herrera explicó que los soldados irrumpieron durante la madrugada desde el municipio de Acatepec a bordo de más de 100 cuatrimotos, y con lujo de violencia subieron a los policías comunitarios a un helicóptero y desconocemos adónde se los llevaron.

En palacio de gobierno, en tanto, cerca de las 14 horas se inició el diálogo entre representantes de la CRAC-PC y funcionarios encabezados por Jesús Martínez Garnelo, secretario de Gobierno; Iñaki Blanco Cabrera, procurador de Justicia del estado, y Ernesto Aguirre, asesor del gobierno estatal.

Para reforzar las negociaciones, simpatizantes de los comunitarios efectuaron bloqueos en las carreteras federales de los municipios de Olinalá, Huamuxtitlán, Tlapa y Ayutla de los Libres.

La demanda de la CRAC-PC es la liberación inmediata de los 29 policías comunitarios detenidos los dos días recientes –cifra oficial, incluidos los 10 de hoy.

La reunión concluyó por la noche con el acuerdo de instalar una mesa donde se analizará la situación jurídica de sólo 27 policías comunitarios, informó Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos.

El gobierno se niega a discutir los casos de Néstora Salgado García, coordinadora de la CRAC-PC en Olinalá, quien fue trasladada al penal de Nayarit, y de Bernardino García, coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, preso en Acapulco, explicó Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC-PC en Tixtla.

Según los funcionarios, Néstora Salgado ya está procesada por secuestro y se negaron a trasladarla al penal de Chilpancingo.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que el organismo asumirá la defensa de Néstora Salgado y de los demás comunitarios.

Consideró que la detención de los integrantes de la CRAC-PC habla de una ofensiva de Enrique Peña Nieto contra los movimientos sociales, no en vano estamos viendo que hay una militarización disfrazada a través de programas como la Cruzada contra el hambre.

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) manifestó por su parte que la detención de Néstora Salgado es un pretexto para la militarización; aunque ella en algún momento pidió la presencia del Ejército.

Repudió que en Olinalá más de mil efectivos del Ejército y Marina impiden el libre tránsito de los ciudadanos que acuden a la cabecera municipal. Su presencia, en proporciones exageradas, es una forma de intimidación y violación a los derechos humanos, es un hostigamiento a los ciudadanos y organizaciones. Exigimos su retiro inmediato de la cabecera municipal.