El convenio firmado por la Procuraduría General de la República (PGR) para que los restos de migrantes y otras personas sin identificar no sean incinerados y sean entregados a sus familiares con base en exámenes genéticos es un avance, pero las autoridades mexicanas siguen sin tener voluntad política para pasar de la identificación de los cadáveres al castigo de los asesinos, señalaron activistas en el tema.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), aseveró que identificar los cuerpos de quienes se encuentran en fosas comunes es una acción importante, siempre y cuando forme parte de un proceso de investigación completo.

Por desgracia, la PGR no tiene los peritos adecuados para hacer ese trabajo de investigación científica; quienes nos apoyan en la búsqueda de Rosendo Radilla, por ejemplo, son antropólogos forenses de Perú, Argentina y Guatemala. Pero lo más importante es que no se tiene voluntad política para investigar no sólo su identidad, sino cómo los mataron y quién es el responsable, enfatizó.

Como en muchos de los casos de ejecución extrajudicial, los autores son policías o soldados, o grupos de paramilitares que tuvieron el apoyo de éstos; las autoridades no hacen investigaciones a profundidad e incluso queman los restos de las víctimas para borrar evidencias, agregó.

Acusaciones prematuras

“Antes de hacer cualquier indagatoria, ya dice que eran narcos o delincuentes, sin averiguar quiénes eran, quién los mató y sobre todo quiénes ordenaron el crimen”, deploró Mata.

Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, advirtió por su parte que aunque el convenio de la PGR es un avance, las asociaciones de familiares de víctimas deben estar muy atentas para evitar que las autoridades las engañen y les den restos que no corresponden a los de sus seres queridos.

Ellos (el gobierno) pueden decir lo que quieran, ¿pero cómo vamos a saber si realmente son quienes dicen? A nosotros ya trataron de hacérnoslo, por eso las organizaciones deben tener su propio equipo forense. Debe haber una contraparte de la sociedad civil que responda a los intereses de los familiares, no de la PGR, porque el Estado puede buscar sólo como una pantalla, para decir que está cumpliendo, advirtió.