En su informe ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motivo del Examen Periódico Universal (EPU), el Estado mexicano aseguró haber avanzado en temas como combate a la pobreza, promoción de derechos básicos y cuidado de sectores vulnerables, aunque admitió que aún hay rezagos y desafíos en varios aspectos.

En un documento de 34 páginas, elaborado por diversas secretarías de Estado –para la sesión del EPU del 22 de octubre en Ginebra, Suiza–, el gobierno señaló que desde su primera evaluación en 2009, México ha experimentado un avance muy importante en materia jurídica sobre derechos humanos.

Una muestra de lo anterior, indicó, es la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporó plenamente el concepto de derechos humanos en la Carta Magna y se elevaron a rango constitucional aquellos consagrados en los tratados internacionales de los que México es Estado parte.

De igual forma, destacó las modificaciones en materia de amparo, concretada el 6 de junio de 2011 –que constituye una ampliación sin precedentes en el sistema de derechos y el acceso a la justicia de las personas–, y la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Citando informes, estadísticas y cifras, las autoridades subrayaron que el combate a la pobreza y el hambre es una prioridad, como lo demuestra el mantenimiento de programas como Seguro Popular, Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre, que buscan garantizar la seguridad alimentaria y nutrición de los 7.4 millones de personas en pobreza extrema y con carencia de alimentación.

Tras destacar el lanzamiento de las reformas en materia educativa y laboral, el informe señaló que en el Congreso existen diversas iniciativas para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y se estudia una iniciativa para cambiar la figura del arraigo y limitar su uso a casos verdaderamente excepcionales.

De igual manera, el documento oficial pone de relieve que de 2007 a 2012 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 51 recomendaciones al Ejército, ocho a la Marina, cinco a la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y una a la Procuraduría General de la República (65 en total) por casos de tortura, las cuales fueron aceptadas en su totalidad.

Asimismo, el gobierno mexicano destacó la creación del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la firma de una nueva ley migratoria –que garantiza la seguridad de los indocumentados– y la tipificación del feminicidio en los códigos penales de 27 de los 32 estados.

En el único atisbo crítico del escrito, las autoridades mexicanas admiten que persisten algunos retos para el pleno goce de los derechos humanos, pues si bien se ha registrado una importante disminución de las carencias sociales, subsiste el desafío de combatir la pobreza. [...] En materia de seguridad y justicia el reto es reducir la violencia, garantizar que prevalezca el Estado de derecho y generar una convivencia armónica.