El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, informó que el financiamiento bancario al campo apenas llega a uno por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB), por lo que exigió a la banca comercial otorgar mayores recursos a este sector tan relevante.

Al participar en el seminario de Alineación estratégica y gobernanza eficaz, organizado por la Fundación Colosio, indicó que pese a que el tema del campo es muy relevante, enfrenta el problema de falta de apoyo financiero. Mencionó que aun con las restricciones normativas que enfrenta, la banca de desarrollo es la que ha destinado a sector mayores recursos.

En su conferencia titulada Reforma financiera: consideraciones y efectos, destacó que lo que necesitamos es hacer también que la banca privada se sume a los esfuerzos para apoyar al agro.

Mencionó que la iniciativa de reforma financiera, que se presentará el próximo 8 de septiembre, incluye dos temas importantes para la banca y para el campo. El primero es la creación de una nueva clase de almacén general de depósito, específicamente para el sector agropecuario y pesquero.

“Los almacenes generales de depósito son fundamentales para la buena actividad financiera del campo, y ahí lo que estamos haciendo es bajando el nivel de capital que se requiere para abrirlos, en específico.

También estamos permitiendo, dijo, que las sociedades de ahorro y crédito popular tengan corresponsales, es decir, que puedan tener un punto de atención al público, donde reciban depósitos y hagan transferencias.

Señaló que para las sociedades de ahorro y crédito popular se está buscando que estén reguladas y, en ese sentido, creemos que estamos favoreciendo al campo.

Aportela Rodríguez reconoció que la banca de desarrollo enfrenta un problema estructural, el cual –explicó–, viene de la regulación, y de ésta, una parte muy importante es el artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual nos indica que la banca de desarrollo debe preservar su capital.

El problema es que cuando se da mal un crédito, al funcionario que lo otorgó se le interpreta como que causó un daño patrimonial al banco, refirió.

Asimismo, se cuestionó: ¿y qué sucede cuando alguien, al momento de hacer algo puede tener un riesgo de causar un daño patrimonial? Pues lo que prefiere es no hacerlo; es más, la mejor manera de preservar el capital, la más fácil, es no prestando. Entonces, tenemos ese reto y ese problema, apuntó.

Por ello, subrayó, es necesario que en la reforma financiera se otorgué mayor flexibilidad a la banca de desarrollo y se generen proyectos específicos para la innovación.

A su vez, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, aseveró que la contratación de deuda bancaria de los estados y municipios ha sido muy onerosa, con altas tasas de interés y comisiones, situación que no corresponde con las garantías de participaciones que otorgan las entidades federativas.

Explicó que a pesar de que las deudas de los estados y municipios prácticamente están garantizadas por el Estado, sus costos están por encima entre dos y cinco puntos porcentuales en relación con los créditos que obtiene el gobierno.

Precisó que hasta el momento el monto de la deuda de estados y municipios es equivalente a 3 por ciento del PIB, y aunque todavía no es un problema, la velocidad en la tasa de crecimiento es preocupante, y si continúa prodría convertirse en un problema.