Sin objeciones de los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó su proyecto de presupuesto para 2014, cuando ejercerá 12 mil 334 millones de pesos. Al justificar el monto, el consejero presidente, Leonardo Valdés, sostuvo que en la propuesta se mantiene el compromiso de controlar el crecimiento del gasto operativo, que ascenderá a 8 mil 289 millones de pesos; el resto son prerrogativas de partidos políticos.

Valdés defendió la planeación presupuestal del IFE, así como la optimización en el ejercicio presupuestal del organismo, si bien reconoció que el proceso de modernización administrativa no está consolidado.

Benito Nacif aseguró que el presupuesto contempla un crecimiento igual a la inflación esperada para 2014. Cero crecimiento en términos reales, aseguró.

Sin embargo, fuentes de la Contraloría General cuestionaron el proyecto presupuestal pues, entre otras cosas, se hizo caso omiso de la recomendación de aplicar ya las conclusiones del estudio sobre la estructura ocupacional del IFE que realizó un despacho externo. El análisis no tuvo impacto, implicación o consecuencia en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Por ello, exhorta al IFE a aprovechar los años no electorales para realizar las reformas administrativas que requiere la institución.

Inadecuado registro contable

En paralelo a la aprobación del presupuesto, se conoció el informe previo de gestión de la Contraloría General, en cuyo contenido se plasma otra visión de la eficiencia administrativa que los consejeros reivindicaron para justificar el proyecto de presupuesto. Entre otros aspectos destaca que durante años el IFE ha soslayado la gravedad del inadecuado registro contable, que ha derivado en la poca confiabilidad en la información financiera del instituto.

La contraloría alude a que los activos fijos del instituto no están conciliados con la contabilidad, lo que eventualmente podría provocar una disminución en el patrimonio. En su consideración, esto representa un retroceso sustancial en materia administrativa y financiera.

En su informe, la contraloría también destaca las serias irregulairdades detectadas en el largo proceso de adquisición y remodelación de un edificio en Guadalajara, que 6 años después de comprado y aun cuando han sido sancionados los responsables, continúa sin poder ser utilizado.