Aunque en México existe el marco normativo suficiente para juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en las décadas de los 60, 70 y 80, hace falta voluntad política de las autoridades para poner en marcha el aparato judicial del país, señalaron las especialistas participantes en el Foro nacional sobre delitos del pasado, crímenes de Estado en México.

En el contexto de las actividades por el Día Internacional del Detenido Desaparecido –que se conmemora hoy–, la juez guatemalteca Yassmín Barrios subrayó la importancia de defender el carácter imprescriptible de los delitos de guerra y de lesa humanidad, contra quienes piensan que para alcanzar la paz y el desarrollo es necesario olvidarse del pasado.

La magistrada, quien encabezó el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, señaló que para avanzar en el proceso de justicia, verdad y reparación del daño son fundamentales varios elementos, como elegir bien a quienes ocuparán el cargo de jueces, eliminando compadrazgos y amiguismos, así como garantizar su independencia respecto al Poder Ejecutivo. En el artículo primero de la Constitución mexicana, ustedes tienen las herramientas necesarias (para juzgar crímenes de lesa humanidad). No veo ningún conflicto a nivel jurídico, pero sí se requiere de mucha voluntad, consideró Barrios.

Por su parte, Daiana Fusca, colaboradora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, presentó un resumen histórico de la represión ejercida por las sucesivas dictaduras militares en su país y la forma en que poco a poco se fue desmontando el aparato jurídico que garantizaba la impunidad, hasta llegar a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de autoamnistía declaradas por los jefes castrenses antes de dejar el poder.

En un proceso largo, donde hubo avances y retrocesos, dijo, finalmente se concretó la posibilidad de juzgar a los líderes de la última dictadura argentina, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, por los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1982.

Florencia Ruiz, integrante del Centro Internacional para la Justicia Transicional, recordó que la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) elaboró un informe completo donde se comprobó la responsabilidad de Estado mexicano en violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero la Procuraduría General de la República nunca hizo públicos dichos resultados y ordenó el cierre de los 782 casos de desaparición forzada que constaban en el documento.