La separación familiar provocada por deportaciones de paisanos que vivían en Estados Unidos es un problema que el gobierno mexicano no ha atendido de manera oportuna y suficiente.

Así lo advierte el Instituto para las Mujeres y la Migración (Imumi), al reseñar buena parte de la información disponible en la materia: de un rango de 400 mil deportados anuales –promedio del más reciente lustro– 5 mil 100 niños y niñas quedaron, en 2011, bajo la custodia de la agencia de bienestar a la infancia de Estados Unidos, hijos de madres y padres detenidos o deportados.

Esta cifra es resultado de un estudio del Applied Research Center (ARC) y representa igual número de casos en que los padres deberían tener un debido proceso para eventualmente recuperar la custodia, sin importar su estatus migratorio, dijo el Imumi.

Según el ARC, si esta tasa se mantiene en los próximos cinco años, al menos otros 15 mil niños enfrentarán estas amenazas para reunirse con sus madres y padres detenidos y deportados... Estos niños enfrentan barreras para juntarse con sus familias.

Las expulsiones de connacionales presentan una ligera baja; de enero a julio de este año, el Instituto Nacional de Migración registró 212 mil 775 casos, mientras en el mismo lapso de 2012 el indicador se ubicaba en 233 mil 661, de un total anual de 369 mil 492.

Sin embargo, no hay una estructura de atención en el país para los mexicanos deportados –muchos de ellos tenían 10, 15 o 20 años residiendo en Estados Unidos– y tampoco un esquema de apoyo jurídico para que las madres puedan recuperar a sus hijos nacidos del otro lado de la frontera.

El gobierno mexicano, apunta el Imumi, debe informar a las dependencias involucradas el problema de las familias migrantes separadas, brindar asesoría a los migrantes que aún viven en Estados Unidos y de aquellos que son regresados a México, pero sobre todo asignar presupuesto a las secretarías correspondientes para atender el conflicto, a fin de generar –entre otros aspectos– datos confiables para la elaboración de programas que apoyen a los afectados.

El Imumi subraya que las políticas de persecución dentro de las colonias de migrantes han resultado en la detención y deportación de muchas personas con familias, trabajos, casas y participación añeja en sus comunidades.

Las políticas de detención han causado la separación de cientos de miles de familias; aproximadamente 75 por ciento de las deportaciones desde Estados Unidos involucran a personas de nacionalidad mexicana, indicó.

En la nación vecina se han tomado algunas medidas al respecto; el pasado 23 de agosto se instruyó a los agentes migratorios a proteger los derechos de comunicación y participación con las agencias del bienestar de la infancia e instruir a los juzgados familiares para que privilegien la unión familiar por encima del estatus migratorio de los padres.

Incluso se permitirá a quienes serán deportados solicitar un permiso temporal para participar físicamente en las audiencias relacionadas con la pérdida de la patria potestad de sus hijos. Sin embargo, esta medida no establece ninguna alternativa de regularización migratoria.