Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y académicos instaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que garantice la vigencia de los derechos humanos y asentaron que el alcance de éstos debe resolverse mediante criterios de proporcionalidad y ponderación, y no en razón de jerarquía de normas.

Señalaron que la reforma de los derechos humanos del 10 de junio de 2011 es un avance constitucional sustantivo; sin embargo, agregaron, el Estado no ha materializado su vigencia. Es preocupante el debate que se ha generado en la SCJN en torno al tema, ya que hay quienes expresan posiciones regresivas en la materia, pues buscan desconocer la reforma de hace dos años y volver a un paradigma que permitiría la violación de estas garantías, reconocidas a escala internacional.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz, Fundar y el Centro de Análisis e Investigación, entre otros, destacaron que los proyectos de los ministros Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se caracterizan por recuperar, mediante una argumentación sólida y una visión constitucional integral, el sentido original de la reforma.

Agregaron que en 2011 se modificaron 11 artículos de la Constitución, entre ellos el primero, en el cual se reconoció la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales, así como la obligación de interpretar las normas de acuerdo con ellos y la obligación de las autoridades de respetar y garantizar los derechos humanos.

La SCJN debe consolidar la nueva estructura jurídica que permite la mayor protección de la dignidad humana. El criterio de jerarquía normativa entre derechos constitucionales y de tratados internacionales resulta irrelevante y un falso debate. La determinación sobre el contenido y alcance de éstos deberá resolverse mediante criterios de proporcionalidad y ponderación, no en razón de la jerarquía de normas, asentaron las ONG, así como John M. Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Santiago Corcuera Cabezut, del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre otros académicos, en un comunicado.