San Cristóbal de Las Casas, Chis., 4 de septiembre.

Autoridades, representantes comunitarios y pobladores conscientes y decididos a observar y vigilar el buen funcionamiento de los recursos públicos conformaron la primera contraloría comunitaria del municipio de Chenalhó, con la finalidad de exigir su derecho de acceso a la información pública, rendición de cuentas y transparencia.

Añadieron que en julio y agosto pasados formaron las primeras contralorías comunitarias que nos permitirán vigilar a la administración pública, los recursos y su buen funcionamiento, ayudar a nuestros gobiernos a cumplir mejor su trabajo y formarnos como ciudadanos participativos y comprometidos con el desarrollo de nuestros pueblos.

Tenemos claridad de que los recursos nos pertenecen a los pueblos, es nuestra obligación y derecho observar cómo se están utilizando. Hemos aprendido sobre los recursos públicos que llegan a nuestro municipio y ahora sabemos que existen leyes que respaldan la obligación de los gobiernos a realizar su trabajo con transparencia y la obligación de rendir cuentas a las y los ciudadanos, abundaron.

Comentaron que el pasado 2 de septiembre entregaron oficios de solicitudes de información a las respectivas autoridades municipales; sin embargo, las autoridades del municipio han respondido con cerrazón y amenazas para quienes ejercemos nuestro derecho de acceso a la información sobre expedientes técnicos de las obras que les corresponden a sus comunidades y despidieron de manera injustificada a un compañero que laboraba en el municipio.

Denunciaron amenazas y hostigamiento continuo en contra de quienes participamos en el movimiento que busca hacer valer derechos básicos, así como presiones del alcalde (priísta) José Arias Vázquez contra localidades en las que existen grupos y pobladores que demandan información pública y de otorgamiento de beneficios y recursos a quienes lo apoyan.

Queremos contribuir a crear una cultura de participación ciudadana, ejercer nuestros derechos, democratizar a nuestro país y terminar con el autoritarismo y la corrupción que existen en todos los niveles de gobierno. No es delito, manifestaron.