n puerta está la presentación formal de las iniciativas energética y fiscal, más el llamado paquete económico para 2014 (Ley de Ingresos, miscelánea, presupuesto de egresos). Todo, a más tardar, deberá estar en manos del Congreso el 8 de septiembre, y si la hoy ya aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente motivó una airada reacción del sector magisterial, habrá que esperar la fiesta social que ocasionará el citado par de reformas.

En el plano fiscal hay que prepararse para recibir la buena nueva: mayores impuestos (nuevos o aumento en las tasas de los existentes) y la aplicación del IVA a medicinas y alimentos, con lo que el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos se verá doblemente menguado (por el ya tradicional deterioro derivado de la inflación y los bajos salarios, y el incremento, de un plumazo, de 16 por ciento –si bien va– en el gasto por comer y mantenerse sano, aunque también se cocina un impuesto especial a los refrescos, de tal suerte que los mexicanos tendrían que pagar más por seguir engordando).

En este último caso vale mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH), en 10 por ciento de los hogares mexicanos (los más pobres entre los pobres) más de la mitad del gasto (52.1 por ciento) se destina a la adquisición de alimentos, y apenas 1.9 por ciento al cuidado de la salud. En el otro extremo, los hogares más ricos (el 10 por ciento que congrega a los más ricos entre los ricos) destinan 22.8 por ciento de su ingreso a la alimentación y 2.9 por ciento a la salud. ¿A quién golpeará más el IVA en alimentos y medicinas?

Compárense las proporciones anteriores con las siguientes: en 2012, el 10 por ciento de los hogares más pobres entre los pobres obtuvo un ingreso total mensual promedio de 2 mil 332 pesos (en el sexenio calderonista este segmento registró una pérdida de 10 por ciento en su ingreso); en el extremo contrario, el ingreso total mensual promedio del 10 por ciento de los hogares más ricos entre los ricos ascendió a 44 mil 334 pesos (con Calderón la minusvalía fue de 13.7 por ciento). La diferencia entre uno y otro es cercana a 20 veces, pero el IVA en alimentos y medicinas será parejo, según dicen en la Secretaría de Hacienda.

Ese es un primer elemento regresivo que no precisamente provocará alegría y entusiasmo entre los mexicanos, pues no sólo reclamarán por la nueva puñalada fiscal que les quieren clavar, sino que recordarán que los incrementos salariales (por llamarles así) suelen no ser mayores a 4 por ciento, en el mejor de los casos, y que en 1995 y 2008 (cuando temporalmente les aumentaron la tasa general del IVA de 10 a 15 por ciento y de 15 a 16 por ciento, respectivamente) el gobierno y el Congreso les prometieron que a cambio recibirían inmensos beneficios (crecimiento, empleo formal y salario digno, entre otros) que a la fecha sólo existen en el discurso.

Si el Congreso aprueba la citada propuesta peñanietista, entonces los más pobres entre los pobres deberán erogar 194.4 pesos mensuales adicionales para comprar alimentos, lo que anualizado suma 2 mil 333 pesos, es decir, que sólo por ese concepto tales hogares aportarían el equivalente a un mes de ingreso, de acuerdo con los resultados de la ENIGH 2012, siempre y cuando los precios de tales insumos no se incrementen, o lo que es lo mismo, algo imposible (de hecho este es el renglón en el que mayores aumentos de precios se registran).

No parece ser, entonces, una decisión adecuada ni inteligente, mucho menos una decisión dolorosa, pero necesaria, según reza el acostumbrado pretexto de gobierno y Congreso cada que pasan a cuchillo a los mexicanos, y lo hacen seguido. Si en esto recapacitan la supuesta autoridad y los representantes populares, les quedan los recursos petroleros y el gran capital, fiscalmente hablando.

En este caso no puede olvidarse la puntual declaración de Carlos Salinas de Gortari, cuando en 1990, por decreto de saliva, declaró despetrolizadas las finanzas públicas, es decir, que éstas ya no dependerán de los impuestos y derechos provenientes del oro negro. Eso decretó, pero casi cinco lustros después nunca como ahora las finanzas nacionales dependen de lo ya despetrolizado. El problema, para efectos fiscales, es que la brillante idea del gobierno en turno ha sido compartir utilidades petroleras, y aunque se niega a detallar en qué proporción compartirá tal renta (lo que hace aún más sospechosa la operación) la experiencia internacional apunta a un verdadero saqueo. Así, el ingreso fiscal petrolero se irá poco más allá del carajo.

Queda, como último recurso, el gran capital. Se ha filtrado, pero no documentado, que el gobierno afila el cuchillo porque cree posible incrementar la tasa del impuesto sobre la renta hasta 39 por ciento, aplicable a los grandes consorcios y sus multimillonarios dueños. Pero, como siempre, los organismos cúpula que los representan una vez más dijeron: si saben contar, no cuenten con nosotros. Léase la declaración del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani: “la reforma fiscal propuesta es meramente recaudatoria, por lo que se corre el riesgo de que la desaceleración derive en una recesión económica con consecuencias de largo plazo… las tasas impositivas y la carga administrativa de las obligaciones fiscales deben ser competitivas en relación con las de otros países, para fomentar una mayor inversión, facilitar la creación de empleos formales y el desarrollo de empresas productivas”.

Y la Coparmex considera que debe cobrarse un impuesto, que no es otro que el IVA, de 5 por ciento a alimentos y medicinas, que aumentaría de forma progresiva, porque es justo y moderado. Eso sí, los empresarios mexicanos pedimos al gobierno que presente una reforma que no grave más a los mismos y que promueva la formalidad.

En fin, ¿quién queda? Pero ya viene la fiesta fiscal y energética, la cual, comparada con la magisterial, pinta para ponerse más alegre.

Las rebanadas del pastel

Que el gobierno recurra al subejercicio presupuestal es algo normal, han dicho algunos legisladores priístas, pero la cosa da un giro de 180 grados cuando a ellos mismos Hacienda les cierra la llave de recursos públicos, porque entonces es un trato vergonzoso, según reclaman. Para ellos lo primero es justificable, por mucho que tenga severas consecuencias económicas y sociales para México, pero lo segundo, de plano, es no tener madre.

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