n mis clases y conferencias de mediciones de pobreza empiezo con algunas distinciones iniciales. 1) Distingo mediciones de pobreza (que identifican en una población quiénes son los pobres) y las medidas agregadas de pobreza que, partiendo de tal identificación sintetizan en una expresión numérica el nivel de pobreza (cuántos pobres, qué porcentaje representan de la población, y otras más complicadas). 2) Distingo entre mediciones de pobreza (que toman como su unidad de análisis la persona o el hogar, y los ordena de peor a mejor situación y corta en pobres/no pobres) y la ordenación de áreas geográficas, que puede hacerse con las mismas variables, pero no determina el número de personas/hogares pobres sino sólo estratos de unidades geográficas (muy alta, alta marginación, etcétera). 3) Explico las diferencias entre mediciones genéricas y específicas. El propósito de las primeras es evaluar la magnitud social y la evolución de la pobreza en un país. Los datos individuales son confidenciales. Nombres y domicilios no se incluyen en bases de datos. En cambio, las específicas buscan identificar la población objetivo para un programa focalizado. El cuestionario debe concebirse como una solicitud de ingreso al programa por parte del hogar o persona. Nombre y domicilio son centrales y se conservan. Requiere entrevistar a todos los hogares (censo), o a todos aquellos interesados en participar en el programa. Las autoridades responsables de una y otra debieran ser distintas. Por ejemplo, el Progresa levantó censos (al interior de municipios previamente seleccionados) para elegir a su población objetivo en 1997. Por último, añado en mis cursos que no debe exigirse a las genéricas que cumplan la función de las específicas. Hoy muestro algunos de los enredos y confusiones de la CNCH en torno a su población objetivo se derivan, en gran medida, de querer identificarla a partir de las mediciones genéricas del Coneval.

Para ello sigo con cierto detalle la nota informativa sobre la delimitación de la población objetivo de la CNCH que recibí por correo electrónico del área de comunicación social de Sedeso federal, fechada el 20 de febrero de 2013. Una vez explicada la escala de seguridad alimentaria que reconoce tres niveles de inseguridad alimentaria (severa, moderada y leve) y uno de seguridad alimentaria, y aclara que el Coneval sólo considera como carenciados alimentarios a los hogares en inseguridad severa y moderada, dejando como no carentes a quienes clasificó en nivel leve. Define así la población objetivo (PO) de la CNCH:

Los mexicanos (sic) que presentan carencia por acceso a la alimentación y que además se encuentran en situación de pobreza extrema, esto es, quienes están en la condición más lejana de ejercer su derecho a la alimentación.

Añade en otra parte: “las acciones de apoyo buscarán atender a las personas que se encuentren en estado de carencia alimentaria y que sus capacidades para mejorar su calidad de vida estén altamente limitadas porque, además, presentan carencias en, al menos, otros dos de sus derechos (sic), y sus ingresos son menores a la línea de bienestar mínimo (LBM). En estos dos pasajes la Sedeso federal trata de justificar por qué definió la PO con ese procedimiento de acumulación de requisitos o intersección de conjuntos. Lo hace de una manera tragicómica: al parecer entre quienes padecen inseguridad alimentaria severa y moderada (27.4 millones en 2012), no todos lo son por falta de capacidades (suponemos que económicas), sino sólo los que tienen al menos otras tres carencias e ingresos inferiores a la LBM. Esto implica que la otra parte de los carenciados alimentarios (las tres cuartas partes como veremos) está en esa condición, a pesar de que cuenta con las capacidades para lograrlo. En otras palabras, las tres cuartas partes de quienes padecen hambre en el país la padecen porque quieren y, por tanto, no requieren ni merecen ayuda. La decisión del Coneval de no considerar como carentes a los que padecen inseguridad alimentaria leve, además deja fuera 24.2 millones de personas (nótese que si se incluyesen los que se encuentran en condición de inseguridad alimentaria leve, la población en inseguridad en 2012 sería de 51.6 millones de personas, que constituiría un buen candidato a PO de un programa alimentario. El texto de Sedeso anuncia, con orgullo, el drástico recorte de la población objetivo:

La población potencial de la CNCH representa el 63.2 por ciento del total de población en pobreza extrema del país. Y añade: Representa 26.4 por ciento del total de la población que presenta carencia por acceso a la alimentación en el país.

Estos mínimos porcentajes (que muestran los niveles de exclusión diseñados) están calculados con base en los datos de pobreza del Coneval de 2010 y la población del país sin la corrección reciente del Consejo Nacional de Población (Conapo) de las cifras censales de 2010. Se les olvida añadir que los 7.4 millones representan sólo 33.3 por ciento de los 22.2 millones de personas con ingreso inferior a la LBM y sólo 22.8 por ciento respecto de quienes tienen tres o más carencias sociales en 2010 (uso aquí cifras de población corregidas). En el cuadro se presentan tanto los porcentajes que presenta Sedeso, pero con población de Conapo corregida, tanto para 2010 como para 2012, y se añaden los porcentajes omitidos. ¿Cómo se logran tales reducciones que permiten a la CNCH orgullosamente enarbolar que sólo va cubrir una cuarta parte de quienes tienen oficialmente problemas de hambre? Con el criterio de la acumulación de requisitos o criterio intersección que se muestra en la gráfica (en la cual no está explícita la pobreza extrema que resulta de la intersección de dos de los tres elementos incluidos: tres o más carencias e ingreso menor a la LBM.

Para el PRI rempoderado, no basta que una persona/hogar tenga ingresos inferiores a una canasta de alimentos crudos (la LBM), la cual de por sí subestima muchísimo la población con carencias alimentarias, puesto que nadie puede gastar todo su ingreso en alimentos crudos porque tendría que vivir en la calle, andar desnudo y comer sólo alimentos crudos. Tampoco basta que padezca inseguridad alimentaria severa o moderada, lo que significa que, con cierta frecuencia, no tiene para comprar alimentos o come menos de lo que debería. Además de estas dos indicaciones obvias de carencia alimentaria extrema, debe tener otras dos carencias sociales, negando que el hambre sea hambre aunque se tenga acceso a servicios de salud, a seguridad social y a todos los servicios de la vivienda. La población objetivo de la CNCH (7.4 millones de personas) es 6.2 por ciento de la población nacional en 2013. Pero la CNCH no se propone atender, por ahora, tan amplia población; sólo va atender (en los 400 municipios que seleccionó) a la mitad: 3.7 millones, 3.1 por ciento de la población. Sin embargo, no ha hecho las mediciones específicas requeridas para identificar, con nombre, apellido y domicilio, a esos 3.1 millones. No sabe que lo tiene que hacer y no quiere hacerlo.

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