n la Cámara de Diputados prometen realizar un debate del que nadie quede excluido a la hora de analizar y decidir en torno a la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Pero más allá de la amable oferta y el eventual intercambio de ideas y argumentos, todo indica que la decisión está más que tomada y la propuesta del inquilino de Los Pinos se impondrá cueste lo que cueste (cualquier duda, preguntar a los maestros).

Los promotores de la modernización del sector energético (aún) mexicano –especialmente en materia de hidrocarburos– van que vuelan a cometer los mismos errores e idénticos excesos que los registrados en la privatización de otros sectores estratégicos, que de la noche a la mañana pasaron a ser prioritarios (en términos constitucionales) y con inaudita velocidad a ser propiedad mayoritaria del capital foráneo.

Oficialmente se pregona que México es el único país que no hizo a tiempo la tarea modernizadora en el sector petrolero, y que, por lo mismo, corre el riesgo de llegar muy tarde a la abundancia que generaría la participación del capital privado. Por ello, aducen los voceros oficiales y oficiosos, más vale tarde que nunca, y si el gobierno se porta bien es posible recuperar el paraíso, esto es, el que, por ejemplo, prometieron tras privatizar la banca, sólo para extranjerizarla inmediatamente.

Pues bien, ahora que se ofrece un debate incluyente (siempre recordando aquello de que México no hizo la tarea modernizadora), tal vez los despistados legisladores deban considerar lo que ha documentado la Cepal: el paulatino recule de varios gobiernos latinoamericanos en eso de la apertura petrolera, dado el creciente y sostenido avance de los precios internacionales del oro negro, pues, aunque tarde, registraron que la rebanada mayor se quedaba fuera de sus fronteras.

El citado organismo regional detalla que después de la década de los 90 (durante la cual países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela fueron testigos de una activa participación privada, fruto de las reformas estructurales del sector dadas por la apertura a la inversión privada en exploración y producción, transporte y refinación, desregulación de las actividades de distribución y privatización de las empresas estatales, entre otros) el Estado vuelve a ser partícipe en procesos de nacionalización, renegociación contractual, control de precios y mayor control estatal.

En ese contexto, países como Bolivia en 2006, Ecuador en 2010 o Venezuela, a partir de 2000, emprendieron procesos de nacionalización o mayor control estatal a través de sus empresas nacionales al renegociar contratos con mayor presencia estatal, como aquéllos de operación, servicios y mixtos respectivamente. Asimismo, en 2009 Bolivia estipuló en su carta magna la prohibición expresa para las empresas privadas de presentar como suyas las reservas del país en sus estados financieros al momento de cotizar en bolsa (especialmente en la de Nueva York). Se observa la relación existente entre precios, prospectiva geológica (que influye en la condición de país exportador-importador), y el grado de control estatal en las reformas sectoriales regionales.

Países de tradición exportadora y/o favorable prospectiva geológica en escenarios de precios altos, subraya la Cepal, tienden al mayor control estatal. Por el contrario, los países importadores con necesidades de desarrollar su industria liberalizan el sector permitiendo la propiedad privada en la industria. En la práctica tanto los países, tenedores de los recursos y reservas, cuanto las empresas petroleras, tenedoras de la tecnología y el capital, no pueden actuar unilateralmente siendo imprescindible su interacción en un mercado global que resulta ser a todas luces incierto, dinámico y competitivo. ¿En dónde encajaría México? Obvio es que en la primera opción, pero el gobierno actúa como si se tratara de la segunda.

Perú, Colombia y Brasil abrieron su industria petrolera a la inversión extranjera desde mediados de la década de los 90. Los países permitieron una mayor participación privada en los hidrocarburos al suscribir contratos de concesión con propiedad privada en la producción, habilitaron áreas tradicionales y no tradicionales a subasta internacional (donde las compañías petroleras nacionales como Ecopetrol y Petrobras también compitan), realizaron reformas fiscales con menor régimen escalonado y emitieron licencias exploratorias más largas.

Sin embargo, para el desarrollo de las grandes reservas, a partir de 2010 el Estado brasileño muestra señales de mayor control estatal al legislar la creación de un ente público administrador de la producción, el financiamiento de Petrobras con recursos públicos, la creación de un fondo de desarrollo con ingresos de las ventas y la suscripción de nuevos contratos de producción compartida, en lugar de aquellos de concesión vigentes, donde Petrobras sea el operador y tenga al menos 30 por ciento de las acciones en los proyectos.

Por su parte, los nuevos contratos colombianos están dejando de ser contratos netamente de concesión para ser contratos híbridos con aspectos propios de aquellos de producción compartida, al solicitar la estatal reguladora ANH a las empresas ofertantes en las rondas de adjudicación de áreas un porcentaje de la producción en boca de pozo.

A su vez, el Estado boliviano recupera su participación y pasó de tener un régimen de concesiones a uno de servicio. El nuevo contrato –a pesar de considerar altos niveles fijos de regalías e impuestos, cerca de 50 por ciento del valor en boca de pozo–, muestra aspectos de progresividad en la determinación de la participación de la compañía estatal YPFB en las ganancias del contrato.

La Cepal concluye su análisis: “México, desde la nacionalización del sector en 1938, tiene en su empresa petrolera estatal, Pemex, el monopolio de toda la actividad, la misma que trata de equilibrar su obligación de financiadora del presupuesto público –e implícitamente de pagadora de deuda– con su obligación de producir petróleo, mantener su estatus de exportador, satisfacer a la opinión pública y realizar inversiones en un panorama de limitada independencia operativa y presupuestaria, entre otros”.

Las rebanadas del pastel

Sigue la mata dando: la economía mexicana acumuló en junio pasado 12 meses de desaceleración, y todo indica que la tendencia se mantuvo en julio, reveló el reporte sobre el indicador coincidente dado a conocer por el Inegi. Y de postre: ayer, el dólar a 13.67 pesos.

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