El informe que el gobierno de México envió al Consejo de Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) de octubre-noviembre de 2013 no refleja la realidad del país. Dice más por lo que calla que por su contenido. Siguen habiendo graves violaciones a los derechos humanos, advirtió Amnistía Internacional (AI), durante el foro México ante el sistema de derechos humanos, al presentar en el Senado el documento que a su vez entregará a dicho organismo.

AI expresa su preocupación por cuestiones como la seguridad pública y las desapariciones forzadas, la detención arbitrarios, las torturas y malos tratos practicados por agentes encargados de hacer cumplir la ley y las debilidades del sistema de justicia, así como sobre la jurisdicción militar aplicada a casos relacionados con violaciones de derechos humanos, que son una constante en México, advirtió.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual se vigila regularmente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en la materia de cada uno de los 193 estados miembros de la ONU.

Organizaciones civiles expusieron preocupación ante los legisladores, pues, dijeron, en el informe del gobierno federal hay una grave ausencia de medidas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional subrayó que la mayoría de las acciones enunciadas en el reporte se refieren a iniciativas de ley o proyectos que no han comenzado a operar o que no han resultado eficaces para corregir la situación.

Si no se traducen en leyes y éstas a su vez en acciones efectivas por las autoridades, difícilmente podrán poner fin a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México. Con cada día que pasa las víctimas de abusos a derechos humanos y sus familias ven cómo su esperanza en las promesas de justicia se transforma gradualmente en decepción, afirmó Daniel Zapico, representante de AI México.

Organismos de la sociedad civil afirmaron que sigue habiendo omisiones de las autoridades federales y estatales en las investigaciones, así como casos en los que no se abre una investigación o se suspende cuando se sospecha que puede tratarse de un delito vinculado con organizaciones criminales, además de resaltar el peligro que enfrentan los testigos.

AI lamentó asimismo que México presente la reforma al fuero militar como un importante avance, ya que en la realidad las diferentes iniciativas que han tratado de realizarla han permanecido detenidas en el Legislativo durante años.

Esta reforma, explicaron, buscaría cumplir varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligan al Estado mexicano a asegurar que integrantes de las fuerzas armadas acusados de cometer abusos contra civiles sean procesados en tribunales civiles y no militares, y se contribuya así a terminar con la impunidad que ha caracterizado a este tipo de agresiones.

Entre otras organizaciones participaron Documenta, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.