El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, pidió redoblar esfuerzos, a fin de implementar a la brevedad la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, cuyo plazo vence en 2016.

Durante la entrega de reconocimientos a defensores públicos que terminaron un curso de derecho, dijo: Estamos a escasos tres años de que concluya el plazo de la implementación del nuevo sistema acusatorio. Por ello los trabajos deben impulsarse con mayor celeridad para cumplir con el plazo y término de su implementación.

En presencia del ministro Sergio Valls; de la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma penal, María de los Ángeles Romo Rangel, y del coordinador académico del taller, Miguel Sarre Iguíniz, el ministro presidente aseguró que los defensores públicos federales forman parte de un programa sin precedente, que pretende capacitar a quienes representan un eslabón fundamental en el procedimiento procesal penal.

Añadió que los defensores públicos deben ser un efecto multiplicador que contagie a todo el Poder Judicial federal sobre los beneficios del nuevo sistema.