n tribunal colegiado con sede en Chiapas rechazó ayer la liberación de Alberto Patishtán, profesor tzotzil injustamente encarcelado desde hace casi 13 años y sentenciado sin razón tras ser declarado culpable de participar en el asesinato de siete policías en la comunidad chiapaneca de El Bosque. Los funcionarios del Poder Judicial desestimaron las pruebas presentadas por la defensa para solicitar el reconocimiento de inocencia del activista chiapaneco –solicitud que a su vez había sido ya rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, ratificaron la sentencia de 60 años de prisión en su contra y sellaron, con ello, el agotamiento de los cauces judiciales en el país para lograr la excarcelación de un individuo que, según todos los elementos de juicio, es inocente.

Como han señalado y documentado ampliamente diversos organismos humanitarios nacionales e internacionales, el expediente de Patishtán está plagado de irregularidades desde el momento de su detención, realizada siete días después de los homicidios mencionados y sin orden de aprehensión alguna, a que debe sumarse los numerosos atropellos que sufrió durante el proceso y el encarcelamiento: la negación de atención médica oportuna para sus padecimientos de salud y el traslado injustificado a penales alejados de su lugar de origen. Para colmo, la principal prueba en su contra –el testimonio inculpatorio del único sobreviviente del ataque referido– fue desvirtuada por las propias autoridades judiciales responsables del caso, hasta el punto de liberar a otro de los inculpados en el episodio, porque el testigo no se condujo con verdad; en contraste, el Poder Judicial no consideró la evidencia que señala que en el momento de los hechos el profesor tzotzil se encontraba en un lugar distinto de donde tuvo lugar la emboscada contra policías.

Más allá de la profunda injusticia cometida contra Patishtán, en un entorno nacional recorrido por numerosos descontentos, y cuando la causa referida había venido ganando adeptos y muestras de solidaridad en México y en el mundo, el aberrante fallo de ayer constituye una acto de insensibilidad y hasta de torpeza política que no sólo agravia al afectado, sino también a las comunidades indígenas en su conjunto –cuyos integrantes sufren abusos y atropellos regulares por parte de instancias policiales y judiciales– y a los sectores de ciudadanía que demandan la libertad del acusado. Por añadidura, la improcedencia del fallo dictado ayer profundiza en forma indeseable el descrédito de los órganos jurisdiccionales y de la institucionalidad política en su conjunto, en un momento en que dicho descrédito coexiste con un descontento y una explosividad social crecientes.

En lo inmediato, las vías disponibles para la posible liberación de Alberto Patishtán no son precisamente esperanzadoras: la presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –y el consecuente inicio de un proceso que pudiera durar varios años–, o bien la activación de la figura del indulto o la amnistía, algo a lo que el propio Patishtán se ha resistido en la medida en que ello implicaría asumir la culpabilidad en un delito que no cometió. En suma, con la resolución de ayer los magistrados han contaminado el caso del indígena tzotzil en forma irreparable, y han causado un daño análogo a la justicia en el país y a las instancias encargadas de impartirla.