Puebla, Pue., 12 de septiembre.

Por 28 votos a favor y nueve en contra, el Congreso local aprobó una reforma que permitirá el embargo de propiedades y el encarcelamiento de ciudadanos que adeuden el pago del servicio de agua potable.

La enmienda fue aprobada por todos los partidos, excepto los del Revolucionario Institucional (PRI), el cual anunció que interpondrá una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Congreso incorporó el artículo 118 bis a la Ley de Agua a fin de quitar al Poder Legislativo la atribución de fijar las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, las cuales serán definidas por los organismos públicos con presencia en más de una localidad, como el Sistema Operador para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap). De otorgarse a particulares la prestación del servicio, el costo se especificará en los títulos de concesión.

En ese mismo artículo se determina que los adeudos se perseguirán como créditos fiscales, lo que, según Ernesto Leyva Córdova, coordinador de la bancada priista, permitirá emprender procesos judiciales contra quienes no estén al corriente de sus pagos.

El priísta Lauro Sánchez López, presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, señaló que la reforma derivará en la concesión del servicio de agua potable, lo que provocará la sobrexplotación de fuentes de abasto, la pérdida de control sobre las tarifas y altos cobros que miles de ciudadanos no podrán pagar.

Al anunciar la acción de inconstitucionalidad, la bancada del PRI denunció que la reforma viola el artículo 4 de la Constitución, el cual estipula: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Mientras, unos 600 habitantes de los municipios mexiquenses de Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero y Naucalpan, entre otros, acudieron a la Cámara de Diputados y al Senado para entregar expedientes sobre cobros ilegales y excesivos que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que la Procuraduría Federal del Consumidor no ha querido atender, según Roberto López Hernández, representante de la Asociación Independiente de los Derechos Humanos.

Exhibió 38 expedientes que incluyen los llamados recibos locos, y solicitó a los legisladores que los servicios de energía sean declarados derecho constitucional.

(Con información de Silvia Chávez, corresponsal)