a respuesta de Salvador Allende no se hizo esperar: ... los diputados de oposición han exhortado a fuerzas armadas y carabineros a adoptar una posición deliberativa frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al supremo gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas (...) Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.

El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas y de carabineros echaron mano de todo ese aparato conceptual proporcionado por quienes urdieron la trama civil del golpe. Sería el contralmirante Ismael Huerta, el 9 de octubre de 1973, como ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, quien lo hiciera explícito en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Utilizando todos los argumentos ya citados, concluye: Después de las elecciones de marzo del año en curso y en cumplimiento de nuestro sagrado deber de preservar el régimen democrático, en múltiples oportunidades hicimos saber a quienes dirigían la marcha del país el peligrosísimo camino por el cual se estaba conduciendo a Chile. Se nos respondía con promesas que nunca se cumplieron (...) mientras entraban al país agitadores profesionales, armas y otros elementos de alto poder destructivo, con el fin de preparar el golpe de gracia a nuestro sistema democrático.

Así aparece el tercer elemento: el plan Zeta y el autogolpe. Bajo ese principio se justifica la violación de los derechos humanos y el Estado de guerra interno. Ellos o nosotros. Había que actuar primero impidiendo la masacre orquestada por los dirigentes de la Unidad Popular. Chile, plagado de terroristas internacionales, adiestrados por los cubanos, en un número, según Pinochet, de 15 mil y 30 mil, con armas de grueso calibre, tenían la orden de actuar. Existía, dicen, un plan concebido para deshacerse de la oposición y miembros de las fuerzas armadas contrarios a la Unidad Popular. El autogolpe tendría lugar los días 18 y 19 de septiembre de 1973. Hubo que adelantarse. Era necesario actuar. De lo contrario Chile caería en manos del comunismo internacional. La junta militar encargaría al historiador conservador Gonzalo Vial la fabricación de las pruebas apócrifas, con el fin de dar a conocer dicho plan Zeta y el autogolpe. A finales de 1974 aparecerá el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. Su objetivo: dar credibilidad a la existencia del plan Zeta, el autogolpe y la decisión de matar a los miembros relevantes de la oposición política. Por sus servicios, Vial Correa ocupó entre 1978 y 1979 el cargo de ministro de Educación. Durante la redacción de la Comisión Rettig de la Verdad, en 1990, donde participó Vial Correa, se reconocerá que fue una acción de propaganda, en la cual se montaron las pruebas y se alteraron los hechos.

3.- Chile 1973-2013

Tras 40 años del golpe de Estado, los objetivos que se propusieron sus ejecutores, tanto las fuerzas armadas como los civiles que participaron en su elaboración, se han cumplido. Nada del viejo sistema republicano, democrático y participativo vigente en Chile, por más de medio siglo, quedó en pie. Como sucediese con los imperios coloniales, los conquistadores imponen su proyecto cultural de dominación política y explotación económica a sangre y fuego y arramplan con todo. Baste recordar el genocidio y exterminio de los pueblos originarios de nuestra América. Sus tierras fueron expropiadas, sus mujeres violadas y su cultura arrinconada, menospreciada bajo el mito de la superioridad étnico-racial. Las luchas de resistencia del pueblo Mapuche se homologan y suman al grito de dignidad, sentido ético y restitución de la verdad de lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

Uno de los pilares del Chile actual, orgullo de la élite política de la derecha y la concertación, lo constituyen los mil 556 centros de tortura, detención y muerte diseminados por todo el territorio, según consta en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2004, así como el asesinato político y violencia de Estado sobre 2 mi 279 personas reconocidas en el informe Rettig. A los cuales hay que agregar los detenidos, exonerados y torturados del informe Valech. Pocos quieren señalar los estrechos vínculos entre el Chile actual, tan neoliberal, con la dictadura. Hay un pacto de traición. Sirva de ejemplo el comportamiento espurio de los dos ministros de Exteriores que actuaron de manera abierta en defensa del dictador, mientras se encontraba detenido en Londres por crímenes contra la humanidad. José Miguel Insulza, hoy secretario general de la OEA, espetó: Defiendo al senador Pinochet, no al ex dictador. ¿Esquizofrenia? No. Juan Gabriel Valdés, su homólogo, precisó: Si Pinochet se aleja de la vida política y los exámenes médicos confirman lo que han dicho los británicos, es muy probable que no tenga que afrontar juicios.

Era una forma de tranquilizar a las fuerzas armadas. No olvidemos que entre otros actos de ignominia está la nominación como candidato a diputado de la Concertación de Federico Willoughby, primer portavoz de la junta militar, coautor del plan Zeta. Patricio Aylwin, a las pocas semanas del golpe, pedía comprensión y entender a las fuerzas armadas en su labor de erradicar el cáncer marxista de raíz. Estas fueron sus palabras: Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena al socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Salvador Allende, y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas que constituían un verdadero ejemplo paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder, en esas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista. Aylwin, nada más electo presidente, devolvió el favor a Willoughby: lo nombró su asesor personal. ¿Casualidad?

Otro pilar básico del actual régimen es la Constitución de 1980, engendro político y vergüenza para cualquier ciudadano que se considere demócrata. Chile se rige por un aparato legal nacido de las entrañas de la dictadura. Su élite política parece sentirse cómoda. La remoza, creyendo que al borrar la firma de Pinochet y sustituirla por la de Ricardo Lagos es suficiente para olvidar su origen. Tras ella se esconden la ley binominal vigente y, sobre todo, el carácter ideológico que le dio vida en 1980. Un referéndum espurio la aupó como corazón del régimen, facilitando su institucionalización y borrando el carácter ilegítimo de sus padres fundadores. Su mantenimiento condensa el sentido antidemocrático del actual sistema político que impera en Chile.

Imposible de soslayar la falta de libertad de prensa, mecanismo básico para hablar de un régimen democrático. La crítica al modelo se convierte en acción osada y temeraria, supone la marginalidad. Poco a poco las revistas y publicaciones diarias que poblaban Chile a finales de los años 80 fueron estranguladas en los años de la Concertación. Baste recordar dos casos: la revista Análisis, pilar de la lucha democrática durante la dictadura, dirigida por Juan Pablo Cárdenas, y el escándalo que pervive, silenciado por todos: el secuestro del diario Clarín desde el 11 de septiembre de 1973. Hoy existe una sentencia condenatoria contra el Estado chileno, dictada por el Ciade, organismo del BM, obligando a pagar el costo del juicio a su legítimo propietario Víctor Pey y negociar una indemnización con sus abogados. Chile se niega a pagar y devolver las instalaciones del viejo periódico a sus legítimos dueños. Hoy sigue en manos de las fuerzas de carabineros, lo cual muestra el acuerdo y compromiso de todos los partidos, avalados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por la Contraloría General, con los dos grupos monopólicos que controlan la prensa en Chile, pertenecientes a los empresarios Agustín Edwards (grupo Mercurio) y Alvaro Saich, (Copesa).

¿Y qué hay de las fuerzas armadas? Salvo casos excepcionales, todos los encausados lo han sido por querellas particulares. La fiscalía no actúa o se inhibe. No hay posibilidad de avanzar hacia una sociedad democrática si los responsables de crímenes de lesa humanidad transitan por las calles de las ciudades, sabedores de una ley de amnistía que les protege y les hace inmunes. Así mantiene sus prerrogativas y permite que el actual comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, diga sin ruborizarse que se debe tener una mirada humanitaria con los miembros de las fuerzas armadas condenados por violación a los derechos humanos, dado su avanzada edad. No hay vergüenza.

La dictadura sigue vigente, porque la Concertación en sus cuatro mandatos y la derecha pinochetista con uno han dado continuidad al proyecto. A 40 años la traición se consuma. Chile vive una farsa y una borrachera de poder, donde la amnesia y la infamia construyen un relato épico e idílico que justifica el asesinato y la tortura bajo el eslogan Chile, modelo de democracia, libre mercado y éxito neoliberal. Se hace necesario liberar la conciencia secuestrada por una clase política que prefiere la deshonra a la dignidad. Ese es el dilema a 40 años del golpe de Estado.