El Ministerio Público Federal mantiene abiertas siete averiguaciones previas por la presunta comisión de delitos el pasado viernes 13, durante el desalojo que la Policía Federal (PF) realizó en el Zócalo capitalino, en el cual integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían instalado un campamento.

Colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam revelaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo ejercitar acción penal en contra de ninguna de las 32 personas que fueron detenidas como presuntos responsables de lanzar cohetones, bombas molotov y destruir banquetas.

Los funcionarios consultados indicaron que la Policía Federal proporcionó algunas fotografías y videos en los cuales solamente se aprecian acciones por parte de siete de las 32 personas detenidas, y por esa razón a esos presuntos responsables el Ministerio Público tardó más tiempo en concederles su libertad bajo fianza, pues se analizaba si existían otras pruebas que acreditaran su responsabilidad en las agresiones en contra de la Policía Federal en el desalojo.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal que conoció de estos casos determinó que en 24 no había ninguna prueba que estableciera su participación en hechos delictivos tipificados en el Código Penal Federal y podrían ser encausados a la procuraduría capitalina.

De igual manera, la PGR detectó que una persona que inicialmente quedó bajo resguardo de la PF mientras terminaban las acciones del desalojo decidió tomar fotografías con su celular y, al no haber obedecido las órdenes de los agentes federales de no hacerlo, fue considerado un detenido más y se entregó al Ministerio Público como si se hubiera tratado de una persona involucrada en hechos violentos.