La reforma laboral se va a revisar para ver lo que está bien y lo que se tiene que cambiar de la misma, los defectos y virtudes que tiene, e incluso el gobierno federal pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que elabore un diagnóstico sobre los efectos legales y reales que han tenido los cambios que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, y conforme al mismo, se podría modificar, aseguró el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez

Durante la inauguración del 38 congreso nacional ordinario del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el funcionario explicó que se pidió a la OIT la realización de este análisis de la reforma laboral a fin de conocer qué está funcionando y qué no está funcionando de la misma.

A partir de ahí, se decidirá qué se va a transformar de esta reforma, pues las leyes no se hicieron para permanecer eternamente, tienen que responder a una realidad, y en la medida que la realidad nos exija que tenemos que hacer modificaciones a este ordenamiento, lo tendremos que hacer, explicó el funcionario, y dijo que también se tendrá que consultar con los expertos y sectores involucrados del país, para hacer estos ajustes.

Avante Juárez apuntó además que el gobierno federal está interesado en los liderazgos fuertes y que tengan legitimidad, pues no le interesan los acuerdos de escritorio, que se hacen a espaldas de los trabajadores, con el sindicalismo de protección.

A su vez, el dirigente del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, indicó que la reforma hacendaria afectará a los trabajadores, porque todas sus prestaciones serán gravadas, y de nueva cuenta se le cargarán al sector obrero los costos de las facturas de las reformas. Además, se provocará que las empresas ya no quieran pactar prestaciones a los trabajadores, lo que es injusto.

En el acto en el que estuvieron presentes dirigentes de los sindicatos de la UNAM, el minero, el de la Secretaría de Agricultura, el azucarero, el de Nafinsa y varios más, el dirigente planteó que es preocupante que junto con la laboral, otras reformas estructurales como la energética y la hacendaria estén siendo utilizadas como instrumentos adicionales para imponer cambios que lesionan los derechos de los trabajadores.

Explicó que los trabajadores pagan más de 55 por ciento del impuesto sobre la renta, mientras las 500 empresas más grandes del país contribuyen con 2 por ciento del ISR nacional, lo que es una desproporción total, por lo que hay un total desacuerdo con la reforma fiscal.