o obstante los cuestionamientos en torno a las elecciones que llevaron a la Presidencia a Peña Nieto, al iniciar el nuevo gobierno se dieron algunas señales de cambio que generaron expectativas esperanzadoras de que habría algunas transformaciones positivas en la nueva dirección del país. Una de estas se dio cuando, en un primer acto de gobierno, el Presidente de la República presentó la iniciativa de una reforma educativa, para mejorar las condiciones de este sector indudablemente importante para el presente, pero aún más para el futuro de la nación, la cual fue tomada de manera positiva por muchos, aunque con un cierto grado de recelo por una parte de ellos.

Diez meses después, la ineptitud y la falta de sensibilidad de las autoridades educativas lo único que han logrado es sumir al país en una situación totalmente caótica, que ha rebasado tanto al sindicato de maestros como a las autoridades, y comienza a contagiarse a otros sectores de la población, paralizando las actividades educativas en al menos 12 estados, con posibilidades de extenderse a 10 más. ¿Cómo explicar todo esto? Mi impresión personal, es que el gobierno, y sus aliados, los partidos políticos en el Congreso, y algunos grupos empresariales que a veces están interesados en la educación –en ocasiones en los casinos y en otras en la especulación pura– no midieron el tamaño de las reacciones ante las leyes secundarias recién aprobadas, ni tampoco las posibilidades reales de su instrumentación.

Para entender el problema, se debe conocer al menos la esencia de estas leyes, en las que se habla de la evaluación de los profesores. En varios artículos anteriores he explicado la necesidad y la conveniencia de evaluar continuamente nuestro sistema educativo, pues considero que es la única posibilidad de mejorarlo; sin embargo, en estas leyes secundarias aprobadas por el Congreso, no se habla de calificar al sistema educativo, que incluye también las metodologías didácticas, la administración de los recursos educativos, las condiciones físicas de las escuelas y de sus instalaciones, los materiales y equipamientos, lo cual se refleja de manera integral en la preparación de los estudiantes, pero sobre todo de evaluar las acciones de las mismas autoridades educativas responsables del estado general de la educación en las diferentes regiones del país. Los legisladores y partidos políticos se fueron por la fácil, restringiendo la evaluación sólo a los profesores y dándole además a ésta un carácter esencialmente punitivo y discrecional, lo cual resulta inaceptable, especialmente sabiendo que las leyes y reglamentos sólo han servido como mecanismos de control de los trabajadores y para detrimento de la mayorías.

¿Por qué ninguno de los otros factores que inciden significativamente en la calidad de la educación son mencionados en estas leyes como objeto de evaluación? ¿O es que para ellos, los factores mencionados no inciden también en el problema? Mejorar la educación es una necesidad nacional, mejorarla requiere imaginación, conocimiento y sensatez de parte de quienes tienen la responsabilidad en sus manos.

Otro aspecto importante e igualmente descuidado, es el referente a la gestión autónoma de las escuelas, que en un principio parecía sugerir que sus directores contarían con recursos económicos para manejarlos directamente, de acuerdo con sus necesidades y prioridades específicas, y no de mecanismos burocráticos intermedios ajenos a las escuelas y plagados de corrupción, que utilizan esos recursos como botín; la innovación, además de necesaria, parecía imaginativa y renovada. Lo cierto es que ahora el mensaje que ha quedado en el colectivo nacional es que se trata de un primer paso para privatizar la educación, porque los recursos económicos, lejos de provenir del gobierno, deberán ser aportados por los padres de familia, que desde luego es un contrasentido al artículo 3º de la Constitución, pero que daría entrada a la propuesta de los señores de Televisa mediante su conocido membrete Mexicanos Primero.

Como es posible observar, el panorama actual es esencialmente diferente al que parecía existir en los primeros días de la administración, el país parece dividido y en algunas regiones incluso confrontado. Seguramente ello constituye una situación totalmente fuera de lo esperado, e inexplicable para el gobierno, que pretende ignorar que en el fondo lo que hay por parte de amplios sectores de la población, es un sentimiento de desconfianza a todo lo que viene de él, sabiéndose engañada una y otra vez por los sucesivos gobiernos que han accedido al poder mediante engaños, falsas promesas y truculencias de toda índole.

Para que un gobierno pueda tener el respaldo de la población en sus iniciativas de cambio, debe plantear sus proyectos de manera clara, inteligente y firme, indicando de manera precisa lo que pretende lograr; debe también dejar a un lado y dar señales de ello, que su actuación no responde a intereses ajenos y mezquinos, como los representados por Elba Esther Gordillo, pero igualmente los representados por las cadenas televisoras y los grupos que en este caso seguramente están viendo nuevas oportunidades para la rapiña.

Luego de varios años de estudio dentro del sistema de educación media superior, creo conocer hoy mejor lo que sucede en ese nivel, que en el de la educación básica; a principios de este año publique el libro Geografía de la Educación Superior, utilizando los resultados de ENLACE 2012, la única información existente que podía utilizar sobre la calidad de la educación que se ofrece en todo el país; en los resultados no veo por ningún lado que el problema esté en los maestros; por el contrario, lo que esos resultados me indican es que el problema está en quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de administrar y mejorar la educación.