a realidad y la historia nos han enseñado que romper con las profundas raíces del sistema corporativo emanado de la Revolución Mexicana no sólo es complicado, sino casi imposible. En los años 20 se acuñó el modelo sindical vigente, fraguado en la lucha contra los disidentes y los sindicatos alternativos, fueran éstos blancos, católicos o rojos.

El modelo que se impuso basa su accionar en la cláusula de exclusión. Para entrar a trabajar es necesario pertenecer al sindicato, de lo contrario quedas excluido. La lucha política se podía dar al interior del sindicato pero no fuera. Desde ese momento, la lógica dictó que el que controlaba el ingreso a la fábrica, empresa o dependencia de gobierno, era el sindicato.

Y de ahí, de las heroicas luchas obrero-sindicales, surge un modelo de control casi absoluto por parte del sindicato. Las plazas las controla el sindicato, por tanto se pueden eventualmente vender, heredar u otorgarse discrecionalmente. Incluso se dice que de la refinería de Hidalgo, donde apenas ha empezado la obra negra, ya se tienen asignadas todas las plazas para los familiares de trabajadores de Pemex.

En el Seguro Social sucede lo mismo, aunque es una institución que debería regirse por estrictos sistemas de selección y competencia, ya que de eso depende la salud y la calidad del servicio de cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, la elección de los nuevos doctores depende de otros factores. Obviamente deben contar con una cédula profesional, pero la posibilidad de escoger a los mejores, que cuenten con las mayores calificaciones y las mejores credenciales, está muy lejos de ser realidad. Más vale un contacto en el sindicato que haber sacado un primer nivel en el examen nacional o haber terminado una especialización en alguno de los institutos nacionales: léase Nutrición, G. A. González, Cancerología, Psiquiatría.

El sistema corporativo incluye a nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, que se supone es una universidad nacional, pero donde los egresados de las 14 preparatorias del sistema universitario tienen opción al pase directo. En la práctica, no hay competencia abierta y equitativa a escala nacional, tienen privilegios los que viven en el DF y los que egresaron de esas escuelas con determinados promedios.

En la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, los hijos de trabajadores sindicalizados tenían asegurado el ingreso y aunque estaban obligados a dar el examen, no importaba la calificación. La prebenda sindical de sus padres les otorgaba una preferencia absoluta con respecto a los demás concursantes. Antes era peor, sólo podían postular aquellos que habían estudiado en las preparatorias de la UdeG. Obviamente los hijos de los trabajadores saturaban las carreras más solicitadas, como medicina y derecho. En un año fueron tantos los admitidos en medicina por la vía sindical que se armó el escándalo y se tuvo que poner cierto límite al ingreso irrestricto.

Ha sido muy difícil transformar el sistema corporativo universitario. De ahí que a Reyes Heroles, siendo secretario de Educación, se le ocurriera como solución a los problemas de la capacitación de profesores universitarios un sistema meritocrático, donde los mejores y con mayores credenciales podían tener derecho a un sobresueldo, en un concurso nacional y con evaluación de pares. El modelo es el Sistema Nacional de Investigadores, que con todos sus bemoles, se considera como un modelo exitoso, necesario y que ha servido para fomentar la investigación, la excelencia y la retención de profesionales de alta calidad, que fácilmente podrían haberse ido al extranjero.

En las universidades el aumento salarial era parejo, así se negociaba con los sindicatos y no había mayor distinción entre tener un doctorado o una licenciatura, todos eran maestros, todos daban clase, todos recibían un salario de acuerdo con su categoría y se subía en el escalafón, principalmente, por el criterio de antigüedad. Pero se podía llegar al máximo nivel, titular C, con una licenciatura.

Para cambiar al sistema universitario y fomentar el estudio, la calidad y la obtención de grados de maestría y doctorado se tuvo que poner límites al corporativismo y sindicalismo universitario y al propio sistema de autonomía. Las plazas las controla la universidad, donde puede hacer lo que quiera y, salvo honrosas excepciones, no existen concursos abiertos, ni ningún tipo de competencia. Pero cada nueva plaza que se abre, por parte de la SEP, debe ser para alguien que tiene título de doctorado. Poco a poco se ha cambiado el panorama nacional universitario. La solución es una salida por la tangente, pero lentamente ha dado resultados.

El sistema corporativo defiende con los dientes los derechos laborales de sus agremiados, allí radica su poder y su fuerza. Sobre todo defiende la definitividad, que es una de las conquistas sindicales más valiosas. Lamentablemente en muchos casos la defensa irrestricta de esta conquista laboral se ha convertido en una defensa de la mediocridad. No es posible despedir a un profesor universitario, un maestro, un trabajador, aunque existan razones claras y evidentes para ello. El profesor que falta a clases, llega tarde o no se actualiza podrá ser amonestado, pero casi nunca despedido.

La reforma educativa atenta contra este principio fundamental del sindicalismo mexicano emanado de la Revolución y que, paradójicamente, fue el sustento básico del Partido Revolucionario Institucional. Desde la escuela normal los maestros tenían asegurada una plaza que les daría acceso a un modo de vida modesto, pero seguro. El examen y la posibilidad remota de ser despedido rompe con este pacto social que en pocos años cumplirá un siglo de antigüedad.

Son nuevos tiempos, y para que la cuña apriete, al parecer tiene que ser del mismo palo.