e acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la desaceleración de la economía nacional persistió en julio de este año, con un crecimiento de apenas 1.7 por ciento, menor a la mitad del reportado en el mismo mes de 2012. Dicho comportamiento coloca al país al borde de la recesión, según dichos del titular de ese instituto, Eduardo Sojo.

Es posible que esa tendencia se acentúe y que el inicio de un nuevo ciclo recesivo se concrete, a juzgar por los pronósticos formulados por el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que la desaceleración de la economía mexicana se mantendrá durante lo que queda del año.

Más allá de los fenómenos coyunturales externos e internos que pudieran estar influyendo en los datos referidos, la razón evidente de la incapacidad del país para crecer a ritmos aceptables y sostenidos es la persistencia de un modelo económico que ha hecho a la economía nacional cada vez más periférica, dependiente y vulnerable a los vaivenes económicos del exterior. A ello se suman factores internos como el incremento inexplicable del subejercicio presupuestal que ha caracterizado el arranque de la presente administración, en lo que constituye un reflejo de descuido e irresponsabilidad en el manejo de los recursos del erario y una medida que inhibe el crecimiento de la actividad económica.

En tal escenario la perspectiva de aprobación de más reformas estructurales, como las que promueve el grupo gobernante en materia fiscal y energética a través del Pacto por México, podría erigirse en factor de profundización de la debacle económica antes que en una panacea, como sostienen los promotores de dichas modificaciones.

Por un lado, el traslado de la industria petrolera a manos privadas derivaría en la pérdida de la principal fuente de ingresos del sector público, lo cual se traduciría, a la postre, en crecimiento de la marginación, el desempleo, la insalubridad y el déficit educativo.

En forma análoga, un incremento en la carga impositiva castigaría el poder adquisitivo –de por sí mermado– de las familias y los sectores productivos. Por lo demás, como advirtió ayer el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el paquete económico propuesto por el gobierno federal implicaría incurrir en un déficit público por sexto año consecutivo, sin que ello se haya traducido hasta ahora en un impulso decidido a las actividades productivas y la generación de empleos.

Es impostergable que las autoridades fijen la reactivación económica como una de las prioridades centrales de su gestión, así sea por el hecho de que en ausencia de tal reactivación la gobernabilidad quedará expuesta a nuevos embates. Dicha reactivación requiere no de reformas neoliberales adicionales, sino de un cambio de fondo en el paradigma que ha regido las políticas gubernamentales en los seis sexenios pasados –incluido el actual–, que incluya la adopción de mecanismos de redistribución de la riqueza, instrumentos nuevos para combatir la desigualdad y políticas orientadas a garantizar los derechos sistemáticamente vulnerados –educación, salud, trabajo, vivienda digna– a consecuencia del modelo actual.