n día después de descartar afectaciones a la tendencia de crecimiento económico del país como consecuencia del paso de los huracanes Ingrid y Manuel, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, informó que se espera un menor crecimiento para este año, de 1.7 por ciento, como consecuencia de los daños causados por los meteoros.

La evidente inconsistencia en los dichos del funcionario es indicativa de una perspectiva oficial distorsionada respecto de las causas de los ciclos económicos recesivos que recurrentemente padece el país.

Es verdad que las lluvias ocurridas en la mayor parte del territorio nacional generaron afectaciones severas a la infraestructura, las actividades agrícolas, el comercio y los servicios, y que todo ello impacta negativamente al conjunto de la economía nacional. No obstante, es impreciso establecer una relación causal entre los daños provocados por las tormentas y la desaceleración económica en curso, en primer lugar porque la segunda antecede a la primera. En efecto, la propia SHCP ha reducido su pronóstico de crecimento en tres ocasiones durante este año; otro tanto ha ocurrido con los cálculos y estimaciones de analistas privados y de organismos como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuyo titular, Eduardo Sojo, afirmó anteayer que el país está al borde de una recesión.

En cambio, al presentar a las lluvias como variable explicativa del pobre de­sempeño económico que arrastra México, el gobierno hace o pasa por alto las determinantes estructurales de ese fenómeno y desvía la atención hacia factores coyunturales, de forma similar a como hizo el gobierno calderonista, al atribuir la caída del PIB en 2009 –la mayor en la historia del país– a la crisis que vino de fuera.

La realidad es que entre las causas profundas de la falta de crecimiento económico real y sostenido del país se encuentran la dependencia comercial hacia Estados Unidos, la aplicación –durante décadas– de políticas económicas que han desmantelado el aparato estatal, han impedido un crecimiento real de los salarios, generado un encarecimiento de productos y servicios, dislocado cadenas productivas y tejidos sociales y han dejado aún más desprotegida a la mayor parte de la población.

Al día de hoy, en la agenda de políticas promovida por el gobierno –que incluyen las reformas en materia hacendaria y energética– no se prevén medidas para rescatar el campo, rubro por demás importante para el desarrollo nacional; tampoco se ven intenciones de avanzar hacia una política fiscal que dote de recursos al Estado sin ensañarse con los pequeños contribuyentes; no se vislumbra voluntad de los actores políticos y económicos para concluir la injusta política de contención salarial, ni se ha avanzado en el restablecimiento de los aparatos de bienestar y en el resarcimiento de las conquistas laborales que se han perdido en las últimas dos décadas.

En suma, no se ha hecho nada para corregir de fondo los problemas que han hecho vulnerable a México en materia económica, y que pasan por la aplicación de un modelo que ha derivado en un incremento de la pobreza, la marginación y la desigualdad; que ha potenciado la dependencia de la economía mexicana en relación con la estadunidense, y cuyos supuestos beneficios han sido sistemáticamente desvirtuados a golpes de realidad.