Perla Rocío Altamirano Castillo vivía en Ciudad Altamirano, Guerrero, junto con su esposo, era propietaria de una clínica. Ella ejercía como odontóloga, y él, como médico cirujano. Después de 28 años huyeron a consecuencia de los niveles de violencia y extorsión que “los grupos criminales cometen contra la mayoría de comerciantes y profesionistas. Ahora, además de la delincuencia, es una zona de desastre.

“La situación empeoró increíblemente desde hace al menos un año –y se incrementó con las tormentas tropicales y el huracán Manuel–, pues se agregó la falta de justicia de las autoridades laborales y, como en nuestro caso, con la ayuda de abogados deshonestos, trabajadores que fueron liquidados de muchos comercios o negocios promovieron demandas ante la junta local, y ahora están pidiendo que los bienes que aún son nuestros, pero quedaron abandonados, se rematen”.

Desde 2011 solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al ser aprobada la Ley General de Víctimas, pidió también el apoyo de la Secretaría de Gobernación para que fuera atendida como una víctima más y le ayudaran a resolver los problemas de carácter laboral, pues aunque se demostró pericialmente que algunos de sus empleados cobraron sus liquidaciones y firmaron los documentos correspondientes, ahora les exigen miles de pesos para que lo que fue su clínica no sea puesta a remate.

“Muchos huimos de Ciudad Altamirano y venimos al Distrito Federal para salvarnos, pero no acaban las presiones; yo apenas obtengo un porcentaje de los trabajos que realizo, y mi esposo, aunque ejerce como médico en una clínica en el estado de México, carece de contrato permanente.

“Acudí a la Secretaría de Gobernación –muestra el más reciente escrito dirigido al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que presentó el pasado 3 de junio– para solicitar como desplazada y víctima de la violencia la intervención de esa instancia federal para que me brindaran asistencia y apoyo.

“Lo hice creyendo que ahora que se promulgó la Ley General de Víctimas me podrían ayudar, reparando el daño causado por los grupos criminales, ya que en derecho, el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Le conté lo que viví junto con mis tres hijos y mi esposo en Ciudad Altamirano. Muchos jóvenes fueron coptados por los grupos que se dedican al tráfico de drogas, y además de ello extorsionan y secuestran a los comerciantes, estudiantes o profesionistas. Mi familia y yo nos convertimos en víctimas directas de esa violencia. Nos enviaron mensajes que plagiarían a mis hijos y mi esposo. Por eso decidimos huir.

Como muchos otros, abandonamos el lugar dejando atrás hogar y negocio. Lo que era una comunidad próspera se convirtió en un lugar donde las personas honestas son extorsionadas o secuestradas por la delicuencia, y toda la actividad comercial que antes hacía que pobladores de otros lugares llegaran allí, se ha perdido.

Lo peor, afirmó Perla Rocío Altamirano Castillo, es que el pasado 17 de junio, la Secretaría de Gobernación me contestó que el Sistema Nacional de Víctimas que tiene que brindar protección, ayuda, asistencia, defensa de los derechos humanos y acceso a la justicia, se encuentra en etapa de desarrollo y adecuación. Es decir, señala el documento del cual La Jornada posee copia, se está implementando la infraestructura económica, material y de personal que requiere para dar cabal cumplimiento a la ley.