La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está comprometida con evitar que se desborde la actuación de las autoridades en perjuicio de los derechos de las personas, sostuvo el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, quien agregó que al máximo tribunal le corresponde garantizar que la protección a los derechos humanos de las personas sea la razón del Estado mexicano en su conjunto.

Al encabezar ayer la presentación del Protocolo de Actuación en Casos que Involucran a Personas Migrantes o en Caso de Personas que Requieran de Protección Internacional, Silva Meza sostuvo que este sector representa uno de los mayores retos en materia de derechos humanos, pues, respetar y garantizar sus derechos, implica superar el concepto limitado de ciudadanía.

Además de que las particulares circunstancias de estas personas implican poner en práctica la titularidad universal de los derechos humanos, así como el respeto y protección de todos, independientemente de su situación migratoria.

Derechos ineludibles para los estados suscriptores de tratados internacionales en la materia e incluso, en algunos casos, para aquellos que no lo son, subrayó.

El ministro presidente agregó ante representantes de organismos internacionales y nacionales relacionados con la protección a los derechos de los migrantes, jueces y magistrados, que la labor pedagógica de la Suprema Corte no se limita a establecer límites a la actuación de las autoridades, sino en producir materiales y herramientas para que los jueces del país, abogados y defensores de los derechos humanos cuenten con herramientas y materiales que garanticen la protección al proyecto de vida de quienes vivimos en el país y de quienes transitan en él.

El protocolo contiene también, apuntó, principios como la no discriminación, no devolución, unidad familiar, interés superior del niño, gratuidad de los servicios y presunción de inocencia, entre otros, que son límites y horizontes que debe respetar toda autoridad.

Silva Meza recordó que la SCJN, que en los últimos dos años ha emitido con éste, otros protocolos de actuación para que los jueces cumplan su labor con particular atención en casos relacionados con población y comunidades indígenas, niños y adolescentes, y para que resuelvan con perspectiva de equidad de género.

La OIM pide derechos reales

Thomas Weiss, representante de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)destacó, al hacer uso de la palabra en la zona de murales del edificio sede de la SCJN, que las diferentes reformas legales aprobadas en México para proteger los derechos de los migrantes que cruzan el territorio nacional son positivas. Sin embargo, señaló que es necesario cambiar estos derechos formales en derechos reales, porque los migrantes aún enfrentan obstáculos para acceder a la justicia en el país.

México, dijo, es un país único que conjunta todas las dinámicas de la migración. Pero, desafor­tunadamente, los migrantes son a me­nudo objeto de violaciones a sus derechos, son víctimas de la violencia, sufren trata de personas, violaciones y son objeto de tráfico ilícito, lo que los coloca en situaciones de especial vulnerabilidad.

Hamdi Anwar Ahmed, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), destacó que el protocolo constituye un avance en la protección de los derechos de este grupo, que es particularmente vulnerable.

Antonio Guterres, titular del ACNUR, afirmó, a través de un mensaje videograbado, que el protocolo es un valioso precedente a escala internacional.