Existe un proceso generalizado de despojo de agua en México, además de los graves problemas de contaminación del recurso. Esto ocurre por trasvases de agua, el alto consumo de líquido que hace la industria y el incremento de acuíferos sobrexplotados, señala Octavio Rosas del consejo de representantes de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Incluso el Tribunal Latinoamericano del Agua –organización de carácter ético– condenó hace unos meses al Estado mexicano por la violación al derecho humano del agua, y alertó sobre los niveles de conflictividad social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.

Indicó que hay al menos 220 conflictos activos que afectan a comunidades locales, barrios y organizaciones sociales de todo el país, buena parte de estos conflictos involucran el aprovechamiento privado o estatal de recursos naturales y su destrucción paulatina, así como un gran número de violaciones jurídicas, de incumplimientos, de corrupción y de incomprensión estatal hacia los reclamos de las víctimas.

Además de los conflictos del Acueducto Independencia, al que se opone la tribu yaqui; la construcción de la presa el Zapotillo, en Jalisco; la sobrexplotación del agua en La Laguna, Coahuila; el plan de construcción de la presa las Cruces, de la Comisión Federal de Electricidad, en Nayarit, hay innumerables casos en todo el territorio nacional, advierte Octavio Rosas,

Refiere, asimimso, que están los casos de minería, ya que éstas requieren altas cantidades de agua. Tan sólo en Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, San Luis Potosí, se utilizan 32 millones de litros de agua por día y hay unos 800 proyectos mineros.

La mayor parte de los conflictos ambientales directa o indirectamente tienen que ver con agua: los planes carreteros están relacionados con destrucción de zonas forestales que capturan agua, o con la interrupción de procesos de filtración en laderas de montañas, también aumenta el número de acuíferos sobrexplotados y esto ocurre en el centro y norte del país, explica.

Hace cinco años el gobierno hablaba de 104 acuíferos sobrexplotados, en el informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2011 se mencionan 170 acuíferos, esto significa que disminuye la disponibilidad de agua dulce para la población. El Estado favorece usos depredadores de agua, sin una regulación efectiva sobre las empresas que contaminan.

Rosas detalla en entrevista que se mantienen viejos conflictos de contaminación, como el de El Salto, en Jalisco, y otros nuevos, como el de Bandera Blanca, en Amatlán, Veracruz, cerca de donde hace unos meses mataron al ecologista Noé Vázquez, y donde se construirá un trasvase de agua desde Amatlán, donde nace el río Atoyac, hacia Córdoba, con el argumento de que se abastecerá de agua a la población pobre de esa localidad.

Agrega que este cauce es el único con agua de buena calidad en su nacimiento, pero mientras avanza se contamina: hay un ingenio, una alcoholera, un rastro, dos basureros. En las comunidades de la cuenca media hay alta incidencia de enfermedades renales y en la cuenca baja existe un proceso de urbanización, se invaden humedales para construir proyectos inmobiliarios.

En Guanajuato, la cuenca del río Laja es una zona de desastre, señala. En la hondonada del río Independencia la agroindustria, encabezada por Javier Usabiaga, ex secretario de Agricultura, que produce ajo y brócoli de exportación, entre otros, ha sobrexplotado los acuíferos, lo que ha dejado sin agua a miles de personas de los municipios del norte de Guanajuato.