as tensiones entre República Dominicana y Haití están al rojo vivo nuevamente. En esta ocasión, por una decisión del Tribunal Constitucional, que pasará a la historia como una de las decisiones más arbitrarias, nefastas y contrarias a cualquier sentido de justicia y derecho elemental.

La historia migratoria entre Haití y Dominicana es igual a cualquier otra donde se comparte una larga frontera: un lado es muy pobre y el otro menos. Desde hace más de un siglo la mano de obra haitiana realiza las peores labores en el campo dominicano. Por décadas los negros haitianos se encargaron de la zafra, uno de los puntales de su economía.

El territorio de Dominicana es el doble que el de Haití pero, además, la condición ecológica es totalmente diferente. Haití es un país que ha sido devastado y deforestado por décadas, en muchos lugares se sigue cocinando con leña y los pocos campos de cultivo que existen están sobrexplotados. Para remate, el terremoto de 2010 le dio la puntilla a un país que de por sí es el prototipo del caos, la corrupción y el faccionalismo político.

Uno de los pocos méritos que la historia le reconoce a Haití es haber sido el primer país libre de las Américas. En 1795 una rebelión de esclavos los libera del yugo colonial, se declara la independencia y se suprime la esclavitud. Pero su historia seguirá siempre ligada al juego del poder colonial y la disputa del Caribe entre Inglaterra, Francia, España y Holanda, y posteriormente Estados Unidos.

La vecindad entre los dos países, que comparten una misma isla, y el juego de la oferta y la demanda de mano de obra, conforman el sustrato de un complejo circuito con al menos cuatro corredores migratorios, varias ciudades binacionales y lo que se han llamado complejos urbanos transfronterizos. Todo esto teñido por el comercio fronterizo y la migración unidireccional. Es un frontera como todas, con conflictos múltiples y diversos, pero siempre marcada por una relación asimétrica.

La relación entre Dominicana y Haití está supeditada al contexto de las relaciones raciales, que permean en toda la sociedad. Esta obsesión por la raza se forja y acuña en el largo periodo de dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961), quien se empeñó en blanquear al país, atrayendo a inmigrantes españoles y judíos.

En consecuencia con esta política, las relaciones con los haitianos se deterioraron al máximo y terminaron en una de la matanzas más viles del continente americano. La crónica de los sucesos, en que perecieron entre 15 mil y 25 mil haitianos, se la debemos al dominicano Freddy Prestol Castillo, testigo presencial, que publicó el famoso libro El Masacre se pasa a pie.

La obsesión de Trujillo por la raza y por diferenciar a un pueblo del otro llegó al extremo de que a nivel popular se considera que los únicos negros son los haitianos, supuestamente no hay negros en Dominicana. Aunque el dicho popular diga lo contrario y afirme que todos los dominicanos tienen a un negro detrás de la oreja.

En este contexto se dieron casos en los que se negaba la nacionalidad a los hijos de haitianos, por considerarlos personas en tránsito, cuando estaba todavía vigente el derecho a la nacionalidad por nacimiento ( ius soli).

Este problema fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005 y se determinó que no se puede considerar a los trabajadores migrantes como si estuvieran en tránsito, porque su misma legislación migratoria establece un plazo máximo de 10 días para estos casos. Por tanto, el niño o la niña nacido en un territorio tiene derecho a la nacionalidad, porque la ilegalidad de los padres no puede heredarse, ni puede ser motivo para negar el registro. Esta decisión de la CIDH es vinculante y Dominicana debe acatar el fallo, que es definitivo e inapelable.

Posteriormente en 2010, Dominicana se convirtió en el primer país americano en cambiar su legislación de nacionalidad y aceptar como único criterio el ius sanguis, o el derecho de sangre. Es decir, a partir de que se promulga esta legislación todos los nacidos en Dominicana de padres extranjeros no tendrán acceso a la nacionalidad.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha retomado el caso de una mujer nacida en 1984 de padres haitianos, a la que la burocracia le negó el documento de nacionalidad y en vez de legislar sobre el asunto, se fue mucho más allá y determinó que todos los hijos de extranjeros en situación irregular que hayan tenido hijos en República Dominicana serían considerados en tránsito y perderían el derecho a la nacionalidad.

Al considerar que la Constitución define a las personas en tránsito en el año de 1929, todos aquellos hijos de extranjeros que nacieron entre 1929 y 2010 tendrán que ser sistemáticamente evaluados para determinar su nacionalidad. El caso de los haitianos es obviamente el más fácil de detectar, no sólo porque son mayoritarios, sino por los apellidos de origen francés o patois.

De 13 juristas del tribunal, 11 aprobaron la sentencia y sólo dos magistrados se han opuesto, con el argumento de que no se puede aplicar retroactivamente el criterio de nacionalidad de 2010 a fechas anteriores. Igualmente, señalaron que las decisiones de la CIDH son vinculantes y han dictaminado al respecto.

La situación migratoria entre Haití y Dominicana se agravó con el terremoto de enero de 2010 y se temió un incremento notable de la migración. Lo que de hecho ocurrió, pero no sólo para Dominicana, sino para muchos otros países. Muy posiblemente la reforma al criterio de nacionalidad se haya dado en este contexto.

Pero aplicar el criterio de manera retroactiva, no sólo va en contra de principios fundamentales del derecho, sino del sentido común. Sólo se puede explicar una medida de esta naturaleza por prejuicios raciales.

Habría que ponerse a pensar qué pasaría si Estados Unidos les aplicara a los dominicanos la misma medicina.