La mayoría de las 19 personas que permanecen bajo arresto tras la marcha del pasado 2 de octubre fueron víctimas de detenciones arbitrarias, agresiones físicas e incluso tortura por la policía del Distrito Federal, señaló Jenny Godínez, integrante de la Liga Primero de Diciembre.

En conjunto con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la liga asumió la defensa colectiva de los detenidos, desde que ocurrieron las primeras aprehensiones y hasta sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público, explicó la abogada.

En total fueron 107 detenidos, pero 80 salieron sin ningún cargo. De los 27 que quedaron, tres son menores de edad y salieron de la delegación Gustavo A. Madero tras pagar una multa de mil 900 pesos, junto con otros dos muchachos en Tlalpan y Xochimilco, señaló.

De las 19 personas que permanecen arrestadas, nueve fueron remitidas al Reclusorio Oriente –a quienes ya se les fijó una caución por 130 mil pesos para seguir su proceso en libertad–. A nueve de los otros 10 detenidos se les imputa agresión en pandilla. Éstos últimos fueron puestos a disposición del juez 40 penal del Reclusorio Norte y uno con el juez 32, del sur.

En el caso de estos nueve detenidos, el juez se negó a determinar el monto de la fianza, alegando que cometieron los ilícitos ya mencionados en pandilla, lo cual representaría una agravante, pese a que en diciembre de 2012 esa parte del Código Penal ya fue derogada, indicó Godínez.

Para la litigante, es claro que las detenciones ocurridas en la marcha del 2 de octubre son parte de un patrón de violencia contra las movilizaciones de descontento, los periodistas y los defensores de derechos humanos, pero cada vez con más saña.

Prueba de ello, dijo, es que en los separos de la delegación Iztapalapa cinco personas fueron incomunicadas totalmente por más de cinco horas e incluso torturadas.

Algunos de los detenidos que están ahora en el Reclusorio Oriente tienen hasta fracturas. En general, las personas resultaron muy lastimadas; tenemos la certeza de que la mayoría fueron víctimas de detenciones arbitrarias, porque no fueron hechas en flagrancia, apuntó.

Un caso paradigmático de las irregularidades cometidas por la policía capitalina, enfatizó Godínez, es el de Abraham Cortés Ávila, joven artesano originario de Tlaxiaco, Oaxaca, a quien primero le quisieron imputar delitos como portación de explosivos, después le agregaron tentativa de homicidio, y finalmente sólo fue acusado de ataques a la paz pública.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez anunció que el pasado viernes interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los abusos cometidos por policías de la ciudad en contra de cinco de sus activistas, la cual se suma a una queja radicada ante la Comisión de Derechos Humanos local.