e acuerdo con un informe del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), un total de 44 mil 351 elementos de la Procuraduría General de la República, el Centro Nacional de Seguridad y de las procuradurías estatales y corporaciones policiales municipales reprobaron los exámenes de control de confianza que les fueron aplicados. Ello significa que cerca de 15 por ciento de los elementos de esas dependencias, críticas en la preservación del estado de derecho, la aplicación de las leyes y la procuración de justicia en el país, no son funcionales para tales objetivos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica se ha resistido a informar el número de elementos que fueron separados de sus cargos al fracasar en los exámenes referidos y no se dispone de las razones desglosadas por las que no pasaron las pruebas, las cuales, por lo demás, han sido blanco de diversos cuestionamientos. Por ejemplo, se ha señalado la importancia exagerada que tales exámenes otorgan a los resultados del polígrafo –un supuesto método de detección de mentiras, carente de fundamentos científicos sólidos– o a las mediciones de la condición física del examinado.

Es decir, en los ámbitos de procuración de justicia, prevención del delito y combate a la delincuencia, ni siquiera los protocolos de validación de la confiabilidad resultan plenamente confiables y no se sabe qué porcentaje de los reprobados lo fueron por tener problemas de sobrepeso ni en qué proporción fracasaron por su entorno social. Por otra parte, el 15 por ciento referido constituye un total nacional y en él no se ve reflejada la problemática de algunos estados y municipios en los que 50 por ciento de los efectivos policiales, o más, no pasan los exámenes de confiabilidad.

Lo cierto es que el nivel de esta confiabilidad permanece en una zona oscura de la que no es posible extraer información precisa sobre las dimensiones de la infiltración de las procuradurías y las corporaciones policiales por el crimen organizado ni de la corrupción que florece en ellas.

Ciertamente, la situación descrita es, en buena medida, herencia de la administración calderonista y de su fallida estrategia de combate a la delincuencia organizada, la cual no sólo no redujo los índices delictivos y de violencia en el país, sino que propició una descomposición sin precedente en las instituciones del Estado. Para colmo, en el marco de esa estrategia se desdeñó el trabajo de inteligencia y se privilegiaron métodos cuestionables como los referidos exámenes (la idea de que es posible medir la veracidad de [lo dicho por] una persona mediante la medición de sus cambios sicofisiológicos es más mito que realidad, ha alertado la Asociación Sicológica Estadunidense) o, peor aun, se recurrió a la compra masiva de aparatos fraudulentos como los llamados detectores moleculares GT2000 y ADE651, los cuales, como han demostrado varios científicos mexicanos, no sirven para nada.

Sin embargo, en los más de diez meses transcurridos desde el inicio del actual gobierno, los deslindes con respecto a la política de seguridad pública de la administración anterior han sido básicamente retóricos, la sociedad no ha recuperado la confianza en las corporaciones de seguridad pública y las instituciones de procuración de justicia y éstas, por su parte, no han recobrado la confianza en su personal.