La ineficiente labor de los agentes del Ministerio Público (MP) del país ha generado desconfianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía, lo que deriva en que sólo se denuncia uno de cada cinco delitos.

Las víctimas prefieren no presentar acusaciones por posibles ilícitos, ya que consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo, que los trámites son lentos o que no se ganará nada, según señala un diagnóstico elaborado por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunado a lo anterior, del total de averiguaciones previas que se inician en el sistema de procuración de justicia –en todos los niveles– sólo se detiene al presunto responsable en 6 por ciento de los casos.

El documento, que fue presentado ayer, señala que el MP tiene entre sus funciones una de la mayor importancia para la vigencia efectiva del estado de derecho y la preservación de la convivencia civilizada: la persecución de los delitos.

Esta función debe ejercerse con calidad profesional, escrupulosidad ética, eficacia, prontitud y equilibrio emocional. Sin embargo, si estos órganos fallan en su tarea persecutoria por incapacidad para comprobar el delito cometido o demostrar la responsabilidad penal del acusado, la consecuencia es la impunidad.

El diagnóstico refiere que la percepción de los ciudadanos sobre la procuración de justicia en México es, en términos generales, sumamente negativa, pues a la mayoría le parece lenta, ineficaz y plagada de corruptelas.

Ante ello, el PUDH propuso dotar de autonomía al MP, instaurar un órgano que vigile su actuación, mejorar los sueldos y capacitación de los funcionarios y que se les dote de la más alta calidad profesional, con la idea de contar con una procuración de justicia eficaz, objetiva y honesta.

En conferencia de prensa, el coordinador del PUDH, Luis de la Barreda, aseveró que estos órganos deben actuar con objetividad, empeño y apego pleno a la legalidad, lo que implica una observancia estricta de los derechos humanos.

El documento propone, entre otras cosas, dotar de autonomía al MP e instalar un consejo del Ministerio Público, que se consagre en la Constitución y tenga como función principal supervisar que el órgano de la acusación actúe con apego a la ley.

Plantea que durante el proceso el denunciante pueda participar en la vigilancia, mediante Internet, de que su indagatoria marche correcta y ágilmente; que la formación inicial para los agentes del MP dure al menos cuatro semestres; que estos funcionarios, tanto federales como del fuero común, ganen al menos la mitad de lo que perciben los jueces de distrito; que los policías ministeriales reciban por lo menos la mitad que dichos agentes, y que los peritos perciban un salario no menor a tres cuartas partes del que gana un MP.