La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita está plagada de obligaciones que afectan la presunción de inocencia y convierte a empresarios, comerciantes e inversionistas en blanco perfecto para ser considerados sospechosos de ese delito, coincidieron en señalar el abogado fiscalista Juan Martín Ocaña y el corredor público Víctor Montalvo.

No es una ley moderna que responda a las necesidades del país, es más bien una imposición al gobierno mexicano del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para la Prevención de Blanqueo de Capitales, creado por el Grupo de los 8 (G-8, integrado por Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), precisó Juan Martín Ocaña en entrevista con La Jornada.

En tanto, Montalvo indicó que a partir de la vigencia de esa ley los corredores públicos dedicados a certificar los actos de comercio y todas las entidades financieras consideradas por esa legislación vulnerables, entre ellas empresas joyeras, vendedores de automóviles, galerías de arte y hasta tiendas departamentales, hemos sido orillados a convertirnos en delatores de nuestros clientes. ¡Esto es absurdo! Atenta contra la presunción de inocencia y por supuesto que afectará el comercio.

En entrevista por separado, Montalvo agregó que no son voces aisladas las que se han opuesto a algunos aspectos de esa legislación; por mencionar un ejemplo, dijo que integrantes de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano han manifestado públicamente sus críticas a la misma.

Respecto del Gafi, Ocaña explicó que se trata de un organismo único en su género a escala mundial y su forma de trabajar es estudiando el fenómeno de blanqueo de activos.

El Gafi tiene tal influencia que sus recomendaciones, como le llama a sus imposiciones, son atendidas por todos los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, indicó.

Afirmó que bajo fuertes presiones, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a agilizar la creación de esa ley, por las calificaciones que recibió como país no cooperante dentro del organismo multidisciplinario.

Los miembros del Gafi le dijeron a las autoridades mexicanas que, en razón de que hemos logrado establecer una serie de candados en las entidades financieras, el lavador de activos ha tenido que acudir a otras actividades y profesiones no financieras para seguir el blanqueo de dinero. Y bajo esta premisa se emplazó a México a poner la lupa sobre una serie de profesiones y actos de comercio considerados vulnerables para el lavado de activos, añadió Ocaña.

Con la vigencia de la ley antilavado los notarios ya no podrán delegar funciones que antes realizaban abogados auxiliares, pues si lo hacen recibirán sanciones y multas importantes.

Ahora notarios y corredores públicos deberán tomar el control total de los actos notariales, y están obligados a detectar oportunamente cuál o cuáles están sujetos al régimen de prevención establecido por esa ley, indicaron los expertos.