Moscú, 10 de octubre.

La Corte Constitucional de Rusia, con estricto apego a derecho, declaró este jueves inconstitucional la ley que prohíbe postularse de por vida a cualquier cargo de elección popular a personas con antecedentes penales por delitos graves, es decir, merecedoras de condenas a partir de cinco años de privación de la libertad.

Hecha la ley a medida de Aleksei Navalny, líder de la oposición al Kremlin, quien ya tiene una sentencia a cinco años de cárcel pendiente de que se revise el recurso de apelación presentado por sus abogados, la anulación del desproporcionado castigo es una excelente noticia para el político, que no oculta su intención de disputar la presidencia a Vladimir Putin –o a quien éste designe como candidato de la élite gobernante–, en las elecciones de 2018.

Ahora viene lo más interesante: ¿se atreverá el Kremlin a mandar a prisión a Navalny por un delito inventado, un supuesto robo de madera que no cometió, después de que medio millón de votantes lo apoyaron en las urnas en las recientes elecciones para alcalde de Moscú?

Del más de medio centenar de testigos, tanto de cargo como de descargo, que rindieron declaración en el juicio contra Navalny, y su amigo Piotr Ofitserov, sólo tres los incriminaron en la comisión del delito: el supuesto tercer socio, su esposa y su hijastra, aunque éste se acogió al programa de testigos protegidos –en Rusia, indulgencia a cambio de declarar lo que la procuraduría quiere– y, tras ser juzgado por la vía rápida, quedó en libertad condicional.

Si el Kremlin no da luz verde para confirmar la sentencia contra Navalny y Ofitserov, dentro de cinco años Putin, o quien sea su candidato, tendría que vencer en las urnas a un rival poderoso, en el supuesto de que Navalny pueda incrementar su capacidad de convocatoria y erigirse en candidato de un frente amplio de oposición.

Con el retorno de Vladislav Surkov, el anterior encargado de la política interna y ahora asesor presidencial, Putin vuelve a tener cerca una opinión diametralmente distinta a la de Viacheslav Volodin, el actual responsable de la política interior.

En el entorno de Putin, unos sugieren no correr ningún riesgo y encerrar a Navalny; otros recomiendan dejarlo en libertad y evitar una protesta masiva de sus seguidores en Moscú.

Todo indica que, por ahora, el mandatario ruso no sabe qué decisión tomar, más aún que este verano la Duma adoptó una enmienda, promulgada por Putin de inmediato, que aumenta el periodo en que no puede ser postulada una persona que ya cumplió su condena: de seis a ocho años para delitos graves y de ocho a 10, para delitos muy graves.

Con esta enmienda y condenados por delitos graves, ni Navalny ni Mijail Jodorkovsky, el ex magnate petrolero actualmente preso, podrían ser candidatos presidenciales en 2018 ni aspirar a ocupar un escaño en la Duma en 2021.