iete meses y medio después de su primera acción judicial contra Elba Esther Gordillo (el pasado 27 de febrero), la administración Peña ha enderezado una nueva acusación contra la ex lideresa del SNTE. No hay ningún acto jurídicamente inaceptable en esa súbita añadidura de cargos (defraudación fiscal), pues la fiscalía tiene la facultad de promover procesos conforme su particular visión circunstancial, aunque llama la atención que esta nueva acometida se produce justamente cuando el aparato federal de justicia ha aprobado recursos de amparo en favor de la antes poderosa chiapaneca, atribuidos esos fallos a una contundente ine­ficacia de la procuraduría federal que encabeza el presuntamente puntilloso Jesús Murillo Karam.

Más allá de que resulten procedentes los nuevos señalamientos de ilícitos, queda la impresión de que el equipo peñista trata de impedir que Gordillo traspase las puertas de la sección médica penitenciaria, desde donde ve transcurrir el proceso judicial que en su contra inició el actual gobierno federal con inequívoco móvil político, específicamente el de mostrar contundencia de los recién llegados a Los Pinos y dar viabilidad al proyecto reformista hoy tan entrampado.

El primer golpe de fuerza del peñismo (admirativamente destacado en su momento por muchos medios de comunicación) no reportó los dividendos políticos esperados por los estrategas oficiales. Es cierto que no hubo una reacción enérgica de parte del gordillismo dominante de la estructura sindical, y que el manotazo contra Elba Esther fue digerido sin mayores complicaciones en la mafia directiva, que pronto se acomodó a la designación del jalisciense Juan Díaz de la Torre como sucesor, bajo amenaza de correr la misma suerte de su anterior jefa en caso de cualquier intento de insubordinación. Pero ese aparato sindical fue reducido a una condición vergonzosamente inoperante, obligado al silencio y la inmovilidad mientras el peñismo avanzaba en la imposición de su reforma educativa.

En esa recomposición de tablero irrumpió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un instrumento de lucha alejado de las maniobras e intereses del gordillismo, que tenía presencia en ciertas secciones del país y actuaba cíclicamente en función de demandas circunscritas al gremio. El abatimiento del sindicalismo oficialista y la falta de sensibilidad política del nuevo equipo de gobierno federal crearon entonces las condiciones que la CNTE aprovechó para tomar legítimamente la bandera de la oposición a la reforma educativa, con una capacidad de presión que rebasó a los gobiernos federal y de la capital del país y que acabó convirtiendo a esa organización, marginal hasta hace muy poco, en interlocutora formal para efectos del profesorado y en punto de convergencia de otras luchas políticas y sociales.

Desplazada del poder y encarcelada, la eficaz controladora del magisterio durante décadas ya nada puede hacer para ayudar a restituir el antiguo régimen de equilibrios (presiones y concesiones, servicios al poder y chantajes a éste) que permitió la larga paz condicionada de la mayoría del profesorado mexicano. Los nuevos operadores no son maestros normalistas sino altos funcionarios del peñismo: Miguel Ángel Osorio Chong y, especialmente, el subsecretario dorado de Gobernación, Luis Miranda, en abierto desplazamiento del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, relegado a la condición de lector de discursos solemnemente superfluos.

Pero ese peñismo tampoco puede regalarse el lujo de parecer redondamente torpe a la hora de consignar a la profesora Gordillo, así que ha decidido sacar nuevas cartas acusatorias para evitarse el ridículo de ver en libertad a la adversaria. No son lances justicieros sino conveniencias políticas: a Elba Esther se le podría consignar con altas posibilidades de triunfo a partir de las múltiples conductas ilícitas que cometió en complicidad con los poderes, priístas y panistas, pero en esta ocasión se le procesa solamente por algunos de los excesos que cometió en materia de dinero.

En otro tema: Miguel Ángel Mancera anunció ayer una notable corrección de la más reciente de sus pifias ruidosas. El centro de acopio de bienes para damnificados será compactado y habrá espacio para que en ese Zócalo se instale la feria del libro que arbitrariamente había sido pospuesta un día antes. Así como las prisas de última hora fueron visibles en la conferencia de prensa en la que los organizadores de la feria se enteraron de la amarga noticia un minuto antes de que se hiciera pública, ahora el jefe del gobierno de la ciudad de México mencionó que este fin de semana se trabajará para montar a toda velocidad lo que 24 horas atrás había transferido a una nebulosa fecha sujeta a que se produjeran ciertas condiciones que, por lo visto, ayer recibieron un visto bueno de parte de la dominante autoridad federal.

La reposición de esa importante feria conlleva una reapertura del espacio público por excelencia que es la Plaza de la Constitución. Según anunció Mancera, se retirarán las vallas de contención y probablemente lo mismo suceda con los elementos de la Policía Federal que mantienen bajo virtual secuestro el mencionado Zócalo. De esa manera debería ser posible que grupos en protesta, como la CNTE, pudieran acercarse al lugar y eventualmente instalarse, aunque fuera de manera representativa, en alguna parte de esa plancha. Ya se verá si la liberación del Zócalo es verdadera o solamente significa una treta más de ocupación de la plaza con subsecuentes fines nobles.

Y, mientras el ex gobernador panista de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos (luego nombrado voraz director de la Casa de Moneda por Felipe Calderón), en primera instancia ha sido inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público, y multado con casi 8 mil millones de pesos por la Contraloría General del Estado, como consecuencia de desvío de recursos públicos, específicamente de un préstamo por mil 500 millones de pesos al final de su sexenio, ¡feliz fin de semana!

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