El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, aseguró que los jueces de última instancia no pretenden imponer la obligatoriedad de cartas y convenciones internacionales en materia de derechos humanos en la justicia mexicana valiéndose de argumentos de autoridad, ni tampoco de un ejercicio voluntarista con el que pretendan imponer sus criterios por encima de otras ramas del poder, por el simple hecho de afianzar su influencia o notoriedad.

En el contexto del seminario internacional Diálogo jurisprudencial e impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó en la ciudad de México, el presidente del máximo tribunal del país explicó que la integración de las normas internacionales al derecho nacional se trata de un diálogo jurisprudencial, cuya razón principal se centra en una operación de armonización normativa que contribuye a dar mayor previsibilidad a los derechos de las personas, y sobre todo se ejerce por mandato constitucional.

Expresó que en el caso concreto de la protección de los derechos humanos, desde luego vale la pena entender y armonizar (las leyes), en aras de una mejor protección para el individuo, sin pretender mayor cosa que eso.

Durante su ponencia mencionó que encerrarse en una percepción nacional que puede conducir a una restricción nacionalista de los derechos en plena era global, no puede más que considerarse un sinsentido, y resaltó que a partir de ahora, los jueces encargados de resolver recursos excepcionales de protección de derechos, tendrán que respetar y garantizar que el ejercicio de aplicación de las convenciones por parte de los jueces de primer contacto haya sido conforme a los designios de las normas y los principios internacionales suscritos por cada país.

Antes, en la inauguración del seminario, Silva Meza indicó que desde junio de 2011, cuando se incorporó al artículo primero de la Constitución el principio pro persona, cambió la forma en que los operadores jurídicos debemos entender la protección de los derechos; ha correspondido a una decisión soberana que incorpora al constitucionalismo mexicano, en una normalidad que ahora compartimos con países que tradicionalmente nos han servido de referentes institucionales.

Aseguró que la intención de armonizar la interpretación de los derechos fundamentales en sede nacional se ha convertido en un proyecto global y se institucionaliza en todo el orbe.