l anuncio de que el Gobierno del Distrito Federal adoptará medidas para garantizar el derecho de las familias más pobres a la alimentación, y de que se asegurarán los derechos adquiridos en esta urbe por grupos vulnerables, como los adultos mayores –formulado ayer por la titular de Desarrollo Social capitalina, Rosa Icela Rodríguez, en el contexto de su comparecencia ante el Legislativo local–, establecen un deslinde claro respecto de las directrices sociales del gobierno federal, concretamente la Cruzada Nacional contra el Hambre y la propuesta presidencial de crear una pensión universal para mayores de 65 años, que implicaría la desaparición de los programas de las entidades.

as iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas. En ese sentido, las mencionadas iniciativas constituyen la segunda etapa de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, proceso que en nuestro país tiene más o menos tres décadas de estarse implementando y que a pesar de sus nocivos efectos en la sociedad ningún gobierno acierta a modificar el rumbo, sino al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

omo una bocanada de aire fresco en medio de un clima de imposiciones reformistas, a finales de septiembre el Congreso de Oaxaca aprobó la creación de una comisión de la verdad, con el fin de investigar los hechos ocurridos durante 2006 y 2007 en esa entidad. Sin el voto de la bancada priísta, los legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano aprobaron con 24 votos la creación de dicho órgano, promovido por el propio gobernador y el diputado petista Flavio Sosa Villavicencio.

i se quisiera reconstruir la historia mínima de la reforma energética que hoy se dirime en el Poder Legislativo, habría que empezar por releer el reporte que discutió en diciembre de 2012 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense ( Oil, Mexico, and the Transboundary Agreement, 112th Congress, 2d session, 21 de diciembre de 2012) para fijar la orientación de su política hacia México. Antes que nada, impresiona la fecha en que se revisó el documento. El 21 de diciembre del año pasado, cuando tan sólo habían transcurrido tres semanas de que Enrique Peña Nieto se había instalado en Los Pinos, el Senado en Washington podía ya escuchar un extenso y pormenorizado informe sobre los dilemas energéticos, fiscales y políticos de México, y la forma en que los representantes de Capitol Hill podían reaccionar frente a ellos. En principio, desde que el candidato priísta anunció en sus primeros discursos de campaña su firme voluntad para promover una reforma integral de las condiciones de la producción de energéticos del país, se desató una febril actividad en el mundo de los intereses globales, donde se multiplicaron un sinnúmero de estudios, propuestas y recomendaciones para hacer frente a lo que desde entonces se llama la crisis energética mexicana. Prácticamente participaron todos: las grandes compañías petroleras, expertos académicos, la banca y, sobre todo, los lobbies que atienden sus relaciones con el establishment de Washington.

omo lo han señalado varios analistas, Juan Linz el politólogo recientemente fallecido ha dejado dos legados particularmente importantes para el análisis político en México. En su concepto de gobierno autoritario encontramos los elementos constitutivos del régimen mexicano que sin ser totalitario ya que admitía espacios de autonomía y relativas libertades, tampoco era un régimen democrático. El famoso término de dictablanda expresaba esta paradoja que encontró en el concepto de régimen autoritario –junto con el término de Sartori de régimen de partido dominante o hegemónico– un verdadero asiento académico.