as iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas. En ese sentido, las mencionadas iniciativas constituyen la segunda etapa de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, proceso que en nuestro país tiene más o menos tres décadas de estarse implementando y que a pesar de sus nocivos efectos en la sociedad ningún gobierno acierta a modificar el rumbo, sino al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

Un poco de historia no nos vendría mal. Desde febrero de 1971 la diputación panista de la 42 Legislatura propuso dar por terminado el reparto agrario y transformar el ejido en propiedad privada limitada, permitiendo su asociación con los capitalistas privados. La iniciativa no prosperó, pero fijó la postura de la clase empresarial, a la que se aferraron en los años siguientes. A la mitad de su sexenio Carlos Salinas de Gortari presentó su iniciativa para reformar el artículo 27 constitucional recogiendo los argumentos de la clase empresarial: terminar con el reparto agrario, dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, permitir el arrendamiento y renta de la tierra para capitalizarla. La revolución de los ricos avanzaba.

Esa historia se repite con la propuesta de reforma energética. El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa más radical que la del presidente de la República, pero sustancialmente con los mismos fines, situación que permitirá a los políticos hacer ajustes a sus iniciativas y simular que discuten una posición en la que de antemano están de acuerdo. Pero también coinciden en los términos vagos de su redacción. En aquel entonces expresiones como ejercicio de derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela, transmitir derechos parcelarios, dominio sobre su parcela y enajenación de parcelas sustituyeron a las expresiones jurídicas de compraventa, arrendamiento, usufructo, donación y, en general, los actos de transmisión de los derechos que el ejido y los ejidatarios tienen sobre sus tierras.

Eso mismo sucede con la reforma energética. La iniciativa presidencial propone una modificación al artículo 27 para permitir que el Estado suscriba contratos con empresas privadas para la extracción de petróleo y la producción de energía eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, lo que incluiría la energía eólica, que tantos problemas sociales está causando en el país. Naturalmente, esas intenciones no se expresan claramente, sino usando un lenguaje ambiguo que disfraza las intenciones de la reforma. En ese mismo sentido, pero sin decirlo claramente, se plantea modificar el artículo 28 para sacar la electricidad, el petróleo y demás hidrocarburos de las aéreas estratégicas de la nación, que por serlo –en la actualidad– su aprovechamiento es facultad exclusiva del Estado, quien debería organizar su aprovechamiento en beneficio de la nación; esto es, no con criterios solamente de ganancia económica, sino también de bienestar social para los mexicanos.

En el fondo, la segunda etapa de la revolución de los ricos propone profundizar el modelo de acumulación capitalista iniciado en su primera etapa, despojando a la nación de los recursos naturales de los mexicanos para entregarlos a las empresas extranjeras. La profundidad del cambio en la práctica representó la ruptura del pacto social surgido de la revolución social iniciada en 1910 y expresado en la Constitución de 1917. Si en aquella etapa la posibilidad de que las tierras pudieran venderse, arrendarse o darse en usufructo fue el camino para que empresas trasnacionales se apoderaran de las minas, el agua, y la biodiversidad; los contratos del Estado con particulares para extraer el petróleo o producir energía eléctrica será el camino para que se apoderen de los pocos recursos naturales que todavía tiene el país para impulsar su desarrollo.

En estas circunstancias el gran dilema de que la reforma energética se apruebe es si los mexicanos vamos a permitir que se abra el camino para profundizar el despojo a la nación, como propone el actual gobierno o, por el contrario, tendremos la capacidad de impedirlo y buscar otras alternativas para corregir las insuficiencias y los vicios que en la actualidad prevalecen en la industria petrolera y energética. En otras palabras, si la revolución de los ricos volverá a triunfar o los mexicanos podremos derrotarla. Nada está dicho en definitiva, pero para evitarlo se requiere una buena organización y una gran movilización popular.