l anuncio de que el Gobierno del Distrito Federal adoptará medidas para garantizar el derecho de las familias más pobres a la alimentación, y de que se asegurarán los derechos adquiridos en esta urbe por grupos vulnerables, como los adultos mayores –formulado ayer por la titular de Desarrollo Social capitalina, Rosa Icela Rodríguez, en el contexto de su comparecencia ante el Legislativo local–, establecen un deslinde claro respecto de las directrices sociales del gobierno federal, concretamente la Cruzada Nacional contra el Hambre y la propuesta presidencial de crear una pensión universal para mayores de 65 años, que implicaría la desaparición de los programas de las entidades.
Cabe recordar que ambas políticas han sido objeto de críticas diversas: la primera, por la insuficiencia en el universo de beneficiarios y el criterio aparentemente electoral en la designación de los mismos; la segunda, por su carácter regresivo respecto de derechos adquiridos de los adultos mayores, particularmente en la capital del país. En ese sentido, el anuncio formulado por la funcionaria local es positivo por cuanto prefigura una continuidad en la orientación de política social implantada por más de tres lustros de gobiernos progresistas en la capital del país, en oposición al que ha caracterizado la política federal en las últimas décadas.
Debe recordarse que a pesar de los presupuestos millonarios empleados por gobiernos federales, tanto priístas como panistas, los sucesivos programas sociales de alcance nacional no han podido reducir los niveles de pobreza y marginación en el país. La razón fundamental de ese fracaso es la persistencia de un modelo económico intrínsecamente generador de miseria, desigualdad y marginación, cuyas políticas fundamentales –contención salarial, apertura indiscriminada de mercados, liberación de precios, concesiones sin límites al capital, privatización de la propiedad pública, entre otras– cancelan la movilidad social, propician la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y vuelven, en suma, inútiles los esfuerzos gubernamentales por contener la inequidad social. Adicionalmente, las cúpulas del régimen político han cifrado su perpetuación en el poder en la existencia de grandes sectores depauperados, los cuales son reducidos por la propia política social a la condición de clientelas electorales.
Es inevitable contrastar esa tendencia de lucrar políticamente con la pobreza con lo que ocurre en la capital del país, cuyas autoridades pasadas y actuales han promovido diversas medidas para impedir escenarios similares sin necesidad de cancelar los programas, como la elevación de los mismos a rango de leyes y la conversión de los beneficios sociales en derechos ciudadanos, con el fin de que unos y otros queden blindados incluso ante el eventual arribo de un gobierno de signo político distinto. Tal es el caso de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada y promulgada en 2009 y que hasta la fecha sigue siendo la única normatividad en su tipo en el país.
Semejante manejo de los programas de desarrollo social en el Distrito Federal ha permitido que éstos puedan ser ampliados y aumentados con independencia de los ciclos electorales y los cambios de gobierno; ello, a su vez, ha derivado en un avance constante en los índices de desarrollo humano y en un mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.
La aplicación de la política social del gobierno capitalino no ha estado exenta de errores y deficiencias, pero ha sentado un precedente que debiera ser incorporado por autoridades de otros niveles de gobierno, y cuya continuidad es un componente central del mandato otorgado a la actual administración capitalina en las elecciones del año pasado.
