la oferta de campaña de Enrique Peña Nieto –calcada de la propuesta Levy para recortar prestaciones y subir impuestos que impulsaron intereses e intelectuales mediáticos– la iniciativa de reforma hacendaria del Ejecutivo federal le quedó a deber el acceso universal a los servicios de salud (compromiso uno del Pacto por México).

Establecidos los pisos mínimos –que no de seguridad social integral que el secretario Alfonso Navarrete Prida firmó con la Organización Internacional del Trabajo como convenio básico de protección social–, materializados en la pensión no universal (compromiso tres) y el regresivo seguro de desempleo temporal (compromiso cuatro), el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, recogió la estafeta.

El 26 de septiembre, frente a legisladores, afirmó que con el seguro de desempleo se protege a trabajadores de menos ingresos y la Federación aportará recursos para integrar el fondo mientras anunciaba que a principios de 2014 habrá una propuesta de reforma en el sistema de salud, a fin de revisar la relación entre el IMSS, el Issste y el Seguro Popular.

Esa reforma alude a la formación de un fondo único con las bolsas del IMSS-Issste y los cuantiosos recursos que destinaron Fox y Calderón, y ahora Peña Nieto, al programa electorero Seguro Popular. Además, la bolsa de ese programa busca ser recentralizada por la Ssa-Peña (reforma hacendaria 2014, iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los títulos tercero bis y decimoctavo de la ley general de salud).

La reforma sanitaria y su fondo fueron diseñados por Funsalud (Universalidad de los servicios de salud en México. Grupo de trabajo de Funsalud, Salud Pública de México, Vol. 55/2013, editora invitada Mercedes Juan López) y ha sido consistentemente apoyada –como proyecto de lucro– por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el Grupo Financiero Banorte, el ex secretario foxista de Salud Julio Frenk, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la firma PricewaterhouseCoopers y la Cámara de Comercio Británica, entre otros.

En marzo 2013, Julio Frenk estimó que urge una reforma financiera en salud para sustituir los actuales sistemas de financiamiento, provenientes de fondos y cuotas obrero-patronales, por una contribución social generalizada. Se crearía un fondo único de aseguramiento contra gastos catastróficos, un paquete de intervenciones de alta especialidad y uno común de beneficios al que todo mexicano tendría derecho bajo cualquier esquema de aseguramiento público con independencia de quien sea el prestador de servicios. “Ojalá sea tema central de la reforma hacendaria. Hacer una transición de eliminar cuotas obrero-patronales a cambio de una contribución social que fuera mezcla de impuestos al consumo, ingreso y riesgos a la salud. Esto podría ejecutarse en la vida de la actual administración. La parte financiera puede ir más rápido –con un etiquetamiento suave– porque la parte de prestar servicios es más compleja”, aclaró.

Por su parte, en mayo 2013, Fernando Solís Soberón (ex presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro; ahora director general de Banca de Ahorro y Previsión de Banorte y, simultáneamente, presidente de la AMIS), al clausurar la 23 Convención Nacional de Aseguradores, entregó a Peña Nieto un listado de 15 escalofriantes propuestas de lucro para detonar la participación del sector asegurador en el área de pensiones y salud. De ser implementadas, reducirían las tareas del IMSS-Issste al mínimo imaginable. El sector asegurador bloquearía su crecimiento.

En su opinión, internacionalmente se observa que el sector asegurador es una poderosa herramienta para brindar servicios a menores costos y con mayor cobertura. Por ejemplo, el seguro de invalidez y vida en muchos países lo ofrecen las aseguradoras dentro del marco de la seguridad social. Y lo mismo ocurre con los seguros de riesgo de trabajo. También hay que pensar en los riesgos de protección de salud, que los ofrecen las aseguradoras, no un instituto de seguridad social, ya que eso abre la competencia. El seguro de invalidez y vida se paga 2.5 por ciento del salario, pero el sector asegurador podría ofrecerlo por la mitad, y la otra mitad irse a las cuentas individuales para que los trabajadores acumulen más ahorro para su retiro, y eso no se hace.

El gran reto que, ahora, pesa sobre el activismo sanitario del subsecretario Messmacher consiste en que logre probar cómo la integración de ese fondo único será capaz de traducirse en beneficios contundentes para los derechohabientes, usuarios, pacientes y ciudadanos, así como para los esforzados equipos nacionales de salud que los atienden y que no sólo culmine favoreciendo los proyectos de lucro de sus interesados propulsores. Tal como hoy día sucede con la privatización zedillista de los fondos pensionarios concentrados en el SAR y sus gananciosas Afore.

Messmacher deberá traducir a palpables beneficios sanitarios la reiterada opinión de la secretaria de Salud, Mercedes Juan, según la cual lo que queremos es que una persona pueda elegir adónde se quiere atender y, si llegáramos a esto, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y, de esta manera, mejoraría la calidad ( Reforma, 16/1/13).

¿En qué medida el fondo único y la competencia entre prestadores acarrea esa mejora en la calidad? ¿Sobre la base de qué evidencia internacional? ¿Cómo se desata este proceso de mejora? ¿Podría ocurrir, acaso, exactamente lo contrario de lo que se busca?

Para despejar el misterio de la reforma hacendaria de la salud, Messmacher tiene la palabra.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco