omo una bocanada de aire fresco en medio de un clima de imposiciones reformistas, a finales de septiembre el Congreso de Oaxaca aprobó la creación de una comisión de la verdad, con el fin de investigar los hechos ocurridos durante 2006 y 2007 en esa entidad. Sin el voto de la bancada priísta, los legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano aprobaron con 24 votos la creación de dicho órgano, promovido por el propio gobernador y el diputado petista Flavio Sosa Villavicencio.
Ambos aseguran que la comisión servirá para investigar las violaciones a los derechos humanos y la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos de aquella entidad contra personas vinculadas o no con el conflicto social ocurrido entre el 14 de junio de 2006 y el 16 de julio de 2007 –cuando se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca–, que dejó un saldo de 30 asesinatos, más de una decena de desaparecidos e incuantificables detenciones arbitrarias realizadas por policías y paramilitares bajo las órdenes del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con la ley que la crea, la comisión será temporal, autónoma, contará con patrimonio y presupuesto propios, y deberá integrarse formalmente dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación de esa ley en el Periódico oficial del estado. Tendrá una temporalidad continua e ininterrumpida de 18 meses, prorrogables por única vez hasta por seis meses, y estará conformada por tres personas, con voz y voto, designadas por el gobernador, a propuesta de las organizaciones civiles de derechos humanos locales, nacionales e internacionales. Deberán ser mexicanas, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, con probada honorabilidad y trayectoria en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, y no ser ni haber sido servidores públicos en ninguno de los tres niveles de gobierno, dirigentes o miembros de partido u organización política alguna, y no estar vinculadas con los hechos o actores objeto de investigación. La comisión contará además con tres representantes, con voz, de las víctimas del movimiento social de los años comprendidos en el periodo señalado, y cuya actuación será honorífica.
La misma ley indica que las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia del estado tendrán la obligación de auxiliar a la comisión cuando le sea requerido su apoyo. En el año y medio en que funcionará, tendrá la delicada y compleja tarea de recabar testimonios y establecer mecanismos para que las víctimas y personas en general aporten información o pruebas sobre hechos que pudieran constituir violaciones de derechos humanos o presuntos delitos cometidos contra personas vinculadas o no con el movimiento social de 2006 a 2007. Deberá también investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las distintas instituciones del estado que, con su actuación u omisión, contribuyeron a ello.
La principal tarea de la comisión será, conjuntamente con el estado, la de tratar de conseguir una reparación integral, estableciendo al mismo tiempo garantías de no repetición. Esto es, llevar a cabo una investigación para finalmente esclarecer los hechos, y realizar un esfuerzo por procesar y castigar penal y disciplinariamente a quienes resulten responsables.
Salvado el escollo de estar integrada por personas probas, conocedoras, conocidas y capaces, uno de los mayores retos será documentar posibles violaciones a los derechos humanos de personas vinculadas o no con el movimiento social, protegiendo estrictamente la identidad de los testigos, de las víctimas o los denunciantes, que será clasificada y reservada en los términos de las leyes respectivas.
Terminada su investigación, la comisión de la verdad redactará un informe final, que entregará al Congreso del estado, detallando causas, motivos, modos y circunstancias por los cuales se cometieron posibles violaciones a los derechos humanos y presuntos delitos en contra de personas vinculadas o no con el movimiento social, así como las consecuencias y recomendaciones para la no repetición de violaciones de derechos humanos.
Habrá que seguir muy de cerca qué es lo que ocurrirá en el tiempo de funcionamiento de la comisión, sobre todo porque el actual gobierno estatal está llegando a la mitad de su periodo, y porque, cuando a mediados de 2015 las y los comisionados entreguen sus resultados, lo harán ante una Cámara local con mayoría priísta, que seguramente tendrá muchos vínculos con los actores políticos del conflicto.
Sin embargo, lo verdaderamente trascendente de esta comisión es el trabajo de investigación que puede dar como resultado una radiografía de la violencia institucional que se gestó en aquellos años, lo que a su vez puede contribuir a llenar un vacío de información necesario para echar a andar acciones de carácter judicial.
Es el momento de que las voces de las víctimas sean escuchadas, y el Estado y la sociedad en su conjunto les den respuestas con procesos que procuren justicia e investigaciones claras y transparentes. Es preciso recordar que el derecho a la verdad subsiste y seguirá siendo un derecho inalienable y un deber del Estado en toda sociedad que se considere democrática. En un Oaxaca marcado por la miseria derivada del olvido, la corrupción y la negligencia institucional que alcanzó niveles dramáticos con Ulises Ruiz, se hace urgente reconstruir y fortalecer el tejido social aún muy dañado. La comisión de la verdad puede ser un buen paso en ese sentido.
