l titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció ayer un acuerdo para incluir al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (Fais) perteneciente al ramo 33, el cual está integrado por las aportaciones federales para estados y municipios. Como parte del mismo acuerdo se informó la creación de un fondo de capitalidad por el que se le asignarán recursos especiales al Distrito Federal, en reconocimiento a su condición de sede de los poderes de la unión y a los gastos especiales que tal condición ocasiona.

El anuncio referido es saludable, no sólo porque se reconoce la importancia política e institucional en la demarcación en la que se asienta la ciudad capital, sino también porque contribuye a corregir una circunstancia injusta y discriminatoria padecida por la urbe desde hace más de tres lustros, que consiste en negarle fondos que son destinados al resto de la Federación. Dicho castigo ha sido el componente central de una ofensiva política que se inició durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas; continuó contra la administración de Andrés Manuel López Obrador y se agudizó durante el calderonismo, con la decisión de excluir al Distrito Federal de tres fondos del ramo 33 (entre ellos el Fais), en clara venganza político-partidista contra la sociedad capitalina.

Esa circunstancia ha conllevado que la ciudad de México deba solventar, por sí sola y en circunstancias cada vez más adversas, el costo adicional que le representa su condición de capital y de corazón político, económico y demográfico del país. Ejemplo de lo anterior es que entre 1997 y 2012 el Distrito Federal ha sufrido pérdidas por alrededor de 11 mil 500 millones de pesos a consecuencia de cambios de fórmulas para el cálculo presupuestal que no consideran el flujo de población flotante que recibe todos los días, y el gasto que ello representa en materia de servicios e infraestructura urbana.

En el contexto de una negociación legislativa en materia fiscal y presupuestal que ha estado caracterizada por la opacidad y la confusión, la reincorporación del Distrito Federal a los fondos del ramo 33 es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. La circunstancia descrita da cuenta de la necesidad de poner fin a la excepción y a la injusticia que conlleva el estatuto constitucional discriminatorio que padece la ciudad capital y asumir, de una vez por todas, la pertinencia de erigir al Distrito Federal en un estado más, con los mismos derechos y obligaciones que las otras entidades que integran el pacto federal. Hoy por hoy, las limitaciones impuestas por dicho estatuto en términos de potestades y tutelas legislativas mantienen a los residentes capitalinos en calidad de ciudadadnos de segunda.

Cabe esperar que, en forma consecuente con el viraje registrado, las instancias legislativas de la Federación reconozcan la pertinencia y la necesidad de dotar al Distrito Federal de plena soberanía política, fiscal y en materia de procuración de justicia y seguridad, como condición necesaria para la recuperación plena de los derechos civiles y políticos de sus habitantes.