Cuernavaca, Mor., 15 de octubre.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos (Cdhmor), Lucero Benítez Villaseñor, dio al gobierno de la entidad 48 horas para que presente un informe que fundamente el desalojo de precaristas y la quema de 130 de unas 400 casas construidas en 70 hectáreas de las 258 que abarca la reserva natural El Texcal, el jueves pasado.

De no hacerlo, advierte, este organismo dará como ciertas las acusaciones de los desalojados de que no hubo orden judicial y se violaron sus derechos humanos. El plazo vencía al mediodía de este martes y al cierre de esta edición no se sabía si la autoridad había respondido.

Benítez Villaseñor se reunió por la mañana con unos 50 comuneros de Tejalpa, municipio de Jiutepec, quienes le reclamaron por haber defendido en medios de comunicación a los desalojados.

La presidenta de la Cdhmor les aclaró que este organismo sospecha que no hubo orden de desalojo y que por eso las autoridades y los uniformados mandaron primero a los comuneros a expulsar a los invasores.

No estamos contra el desalojo; simplemente tenemos que cuidar y legitimar los actos de las autoridades, y éstas tienen la responsabilidad de fundamentar esta acción y aclarar si tomaron medidas precautorias para salvaguardar a las familias, les expresó.

Carne de cañón

Benítez Villaseñor sostuvo que durante el desalojo los visitadores de la Cdhmor constataron que (a los comuneros) los usaron como carne de cañón. El desalojo no fue realizado por la autoridad; no podemos exponer a la gente de esa manera. Tenemos videos. Muchos niños y jovencitas se desmayaron, lo cual los puso en riesgo; por eso la autoridad tendrá que presentar informes ante la comisión para que veamos cómo se harán los desalojos que se tienen previstos, indicó Benítez Villaseñor.

Explicó que, en vez decir que los comuneros les piden desalojar a los ocupantes de El Texcal, el gobierno del estado debería presentar la orden de desalojo, pero si la tuviera, los policías hubieran podido actuar solos, sin enfrentar a los comuneros con las familias invasoras, las cuales reaccionaron con violencia cuando les lanzaron gases lacrimógenos y les incendiaron sus casas.

Debió haber seguimiento jurídico. Es un delito que debe seguirse por la vía penal; tiene que haber un expediente, una resolución y la orden de una autoridaad judicial, agregó.

Ayer, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, acusó a los comuneros de incendiar las viviendas.

El secretario del comisariado de bienes comunales, Baltazar Meraz Cuevas, le respondió que el desalojo lo hicieron de manera coordinada y que los policías son corresponsables de la destrucción de las 130 casas.