Oficinas de diputados y restaurantes cercanos, escenario de estas prácticas
Una nube de enviados de organismos del sector privado buscan convencer a los legisladores de no aprobar las propuestas hacendarias que ‘‘dañan’’ a los sectores productivos del país
Miércoles 16 de octubre de 2013, p. 3
Mientras en el salón de plenos de la Cámara de Diputados se aprobaba la reforma al reglamento interior del Congreso para frenar el incesante cabildeo en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo y el Legislativo, en el restaurante Los Cristales, en las oficinas de diputados y los comedores Hacienda de San Lázaro y Hacienda de Jamaica, decenas de cabilderos se reunían con legisladores con objeto de convencerlos de no aprobar las propuestas hacendarias que ‘‘dañan’’ a los sectores productivos del país.
Cabilderos de las principales refresqueras, también de la Alianza por la Alimentación, de la Coparmex, la Canacintra, entre otros, mantienen su activismo en pro de sus intereses, ofreciendo canonjías a quienes habrán de votar la propuesta hacendaria de la administración federal.
Por el contrario, quienes se encontraban en el salón de plenos votando la reforma a la ley orgánica aceptaron que los cabilderos no deben tener ningún parentesco con diputados ni con funcionarios de los gobiernos municipales, estatales o de la administración federal. Tampoco podrán ofrecer dinero en efectivo ni pagos en especie, y no deberán estar registrados más de dos decenas por comisión legislativa.
Inhibir prácticas corruptas
Roberto López Suárez, del PRD, expuso que los legisladores no admitieron que al texto se incorporara la exigencia para que los diputados no admitieran algún tipo de dádiva. ‘‘Todos los días los cabilderos mandan oficios, reparten folletos en las oficinas y curules. Nos piden audiencia para ir a comer fuera de la Cámara; algunos asisten al restaurante La Mansión, y van a la Hacienda de Jamaica o a la de San Lázaro. Esto me recuerda el escándalo de las cigarreras. Y no porque se promueva el impuesto al refresco; nos estamos olvidando de la comida chatarra, del alcohol, de los tabacos…’’
En tanto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentó ante el pleno la propuesta de reforma al reglamento de la Cámara de Diputados sobre la regulación del cabildeo, para que a través de su reglamentación se inhiban prácticas corruptas entre promotores de canonjías y los legisladores.
Así, se propone delimitar a quienes pueden desarrollar el trabajo de cabildeo, siendo justo que quienes se encuentran en el ejercicio de un encargo o puesto del servicio público, se abstengan de dicha práctica, ya que su actividad se debe centrar en el desempeño de este encargo, ya sea por elección o nombramiento; lo deben realizar con toda su atención en bien de los ciudadanos.
También se limita a los cónyuges y parientes –hasta el cuarto grado– de los funcionarios públicos para realizar esta actividad durante el ejercicio de sus funciones. ‘‘Se debe ponderar realizar las funciones públicas de manera clara y honesta en beneficio de la sociedad, sin que medien suspicacias o actos que pongan en entredicho este actuar, pues es de conocimiento general que en la actualidad existe por parte de la sociedad desconfianza hacia el ejercicio de los cargos públicos y en particular de la representación popular.’’ Así se acota el número de quienes pueden realizar estas actividades, puesto que una de las consecuencias que conlleva la proliferación de cabildeos o grupos de interés es la disminución de responsabilidad pública y la rendición de cuentas, ya que estos grupos no rinden cuentas a nadie y se encuentran fuera de control por parte de la población.
También se propone impedir que quienes desempeñen el cargo de diputado federal acepten pagos de personas que realicen cabildeo o de quienes pretendan influir en las decisiones de la Cámara de Diputados y que, en todo caso, este tipo de conductas sean sancionadas conforme a las leyes, inserción que prohíbe expresamente a los diputados y a las diputadas conducirse de esta forma y que, en su caso, evidentemente sean acreedores a las sanciones que prevén los ordenamientos correspondientes.