a licitación convocada por el gobierno brasileño para la explotación del enorme yacimiento petrolífero Libra se consumó ayer con la adjudicación de ese proyecto a un consorcio formado por la estatal Petrobras (que explotará 40 por ciento del campo), la francesa Total (20 por ciento), la holandesa Shell (20 por ciento) y las chinas CNOOC y China National (10 por ciento cada una).
El acuerdo, defendido por la presidenta Dilma Rousseff como gran éxito, por cuanto se espera que permita la llegada al país de grandes inversiones, es cuestionado por sectores políticos y sociales que ven en la licitación una entrega de los recursos naturales brasileños a intereses extranjeros.
Significativamente, el anuncio del resultado de la licitación tuvo como telón de fondo violentas protestas alrededor del hotel de Río de Janeiro donde se llevó a cabo, la presentación de 23 recursos legales para intentar anular la subasta, así como un paro general de los trabajadores de Petrobras, agrupados en la Federación Única de los Petroleros (FUP), que reúne a 14 sindicatos. Aunque el gobierno puede dejar esa reserva de petróleo en manos del Estado, ha preferido entregarla a las multinacionales
, señaló esa organización gremial en un comunicado.
Ciertamente, el convenio entre el gobierno brasileño y las transnacionales referidas aportará al gigante sudamericano, a corto plazo, un monto considerable de recursos, estimado en 7 mil millones de dólares (y 181 mil millones en 30 años), entre inversiones e impuestos. A cambio de eso, Brasil se resigna a ceder a sus socios 60 por ciento del crudo que se espera extraer del yacimiento Libra, cuyo precio, a una cotización de 100 dólares por barril, sería de un billón 200 mil millones de dólares, es decir, 720 mil millones de dólares. Por añadidura, la asociación entre Petrobras y cuatro transnacionales acelerará el ritmo de extracción del crudo brasileño y precipitará con ello el agotamiento de los yacimientos. Vistas así las cosas, el negocio para la nación sudamericana resulta por demás cuestionable y se puede comprender el surgimiento de enérgicas expresiones de rechazo a la licitación y que ésta haya generado una fractura política y social en Brasil.
Resulta inevitable referirse al paralelismo entre el acuerdo establecido por el gobierno brasileño y la reforma energética por medio de la cual el actual gobierno mexicano pretende abrir la industria petrolera a las trasnacionales. La licitación de Río de Janeiro permite prefigurar las cesiones similares que tendrían lugar en nuestro país en caso de aprobarse tal reforma.
Hay, con todo, una diferencia sustancial en ambos escenarios: en tanto Brasil ejerce una democracia sólida y una manifiesta soberanía, y posee una economía fuerte, integrada y en crecimiento, con sectores de tecnología de punta (como el aeronáutico) y una saludable diversificación de sus relaciones políticas y comerciales, México se encuentra cerca de la recesión, su institucionalidad exhibe un déficit de legitimidad y representatividad, su comercio se enfoca mayoritariamente a Estados Unidos y la soberanía nacional ha sido sistemáticamente mermada en todos los frentes durante tres décadas.
En tales circunstancias, la concesión de partes o áreas de las reservas petrolíferas nacionales a empresas transnacionales sería para nuestro país igualmente perjudicial que para Brasil, en lo económico, pero mucho más peligroso en lo político, porque en comparación con la nación sudamericana México se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad.
