Madrid, 24 de octubre.

Nos quieren arrebatar el futuro y no lo vamos a permitir, clamaron en las calles de 70 ciudades españolas centenares de miles de personas que exigieron el retiro de la ley educativa del gobierno conservador de Mariano Rajoy y la dimisión inmediata del ministro del ramo José Ignacio Wert, el político peor valorado del gabinete.

Las manifestaciones cerraron una jornada histórica de huelga general en toda la educación pública y concertada en España, en la que por primera vez se unieron en un solo objetivo asociaciones y plataformas de las más diversas tendencias y representantes de los padres de familia, de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos, de los rectores y de todos los partidos políticos de oposición. Wert ni recibió ni dialogó con los representantes de la medida de fuerza. Ni siquiera hizo declaraciones sobre el paro que afectó al 90 por ciento de la educación, desde primaria hasta estudios superiores, y que movilizó a centenares de miles de ciudadanos con un mismo clamor.

El ministro sólo rompió su silencio para lamentar el fallecimiento del cantante folclórico español Manolo Escobar, lo que indignó aún más a una comunidad educativa que ha expresado en reiteradas ocasiones su hartazgo por los desplantes y la soberbia de este funcionario, que aprobó en solitario una ley tan crucial como la educativa.

El origen de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se dio en la propia campaña electoral que llevó al Partido Popular (PP) a recuperar el gobierno central con mayoría absoluta, en noviembre del 2011. De hecho, esa legislación y la reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo son las únicas promesas electorales que han cumplido.

La reforma educativa se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP y con todos los sectores de la educación en contra, además de las comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y el País Vasco.

Todos estos sectores vieron en la medida un intento por centralizar los contenidos, marginar las lenguas autóctonas de esas regiones, recuperar el adoctrinamiento católica de la dictadura franquista con la imposición de la religión como asignatura de evaluación y, sobre todo, cambiar el actual modelo educativo por un sistema que tienda a la privatización y la marginación de las familias más pobres.

A pesar del clamor en contra, de las intensas y multitudinarias manifestaciones de los últimos meses, de la irrupción con fuerza en todo el país de la llamada marea verde -integrada por profesores, padres de familia y alumnos que luchan por la educación pública-, el gobierno de Rajoy siguió con su hoja de ruta y rompió los puentes de diálogo con el 90 por ciento de los sectores involucrados en la educación.

Ante el desencuentro y la imposición, por primera vez en la historia reciente la huelga general de hoy fue respaldada por igual por la escuela pública y la concertada -una mezcla de privada y pública-, incluidos los colegios católicos.

El gobierno, lejos de escuchar el clamor de las calles y de las aulas vacías del país, atacó a las organizaciones convocantes a las que responsabilizó de una huelga política y afirmó que ha sido un fracaso por tener un seguimiento de un 20.6 por ciento.

Pero en Madrid salieron a las calles unas 250 mil personas para gritar a las puertas del Ministerio de Educación que es urgente la dimisión del ministro Wert y la retirada de la polémica ley. Líderes del movimiento advirtieron que las movilizaciones continuarán y acusaron al régimen de derecha de nostálgicos del franquismo que pretenden imponer leyes retrógradas y robarnos el futuro.

Ana García, del sindicato de estudiantes, afirmó que hoy es el tercer día de huelga estudiantil y ha sido un éxito gracias a todos. Hacemos historia por esta huelga contra un ministro insolente, una secretaria de Estado (Montserrat Gomendio) que acusa a los profesores de peseteros cuando ella es una multimillonaria que está privatizando la educación y esconde su fortuna en paraísos fiscales.